De la apatridia y otros complejos

Por: Jacqueline Murillo Garnica, PhD
Bogotá (Colombia)

“Vivir sin patria es vivir sin honor”.
Juan Pablo Duarte

Desde hace diez años se selló con tinta indeleble uno de los mayores complejos del pueblo dominicano: el antihaitianismo. Con el fallo del Tribunal Constitucional Dominicano que sentencia una retroactividad de diez años para los ciudadanos haitianos que vivan en República Dominicana. Los padres de aquellos que habían nacido en el territorio dominicano, y que el estado de ese país utiliza el eufemismo de ‘migrantes irregulares’, para no nombrar el gentilicio haitianos de sus vecinos, quedaron excluidos de la nacionalidad dominicana.

La medida pone de manifiesto desde el actual gobierno dominicano, la exacerbación de la aversión del pueblo vecino por los haitianos. Recordemos que fue el mismo Estado dominicano que aupó de manera improvisada y desordenada la migración de haitianos durante el siglo XX para que fuera la mano de obra barata en las plantaciones azucareras y en el sector de la construcción, sin tener un programa de retorno para los migrantes. Paradójico, pero así somos los mortales.

El atraso de una cultura se mide por su nivel de complejos, y éstos son los que inundan a la sociedad dominicana, empezando por la xenofobia, que persiste en el imaginario del dominicano. Las viejas rencillas que datan de siglos pasados permean el colectivo de los vecinos de República Dominicana. De acuerdo con las cifras de ACNUR, cerca de 133.000 descendientes de haitianos fueron privados de su derecho a la nacionalidad y viven en una de las mayores crisis de apatridia de todo el continente. Se les ha privado del derecho a estudiar en las universidades, el servicio a la salud y seguridad social, y con la latencia de caer en la trata de personas y el trabajo forzado. El miedo de los haitianos es permanente, la zozobra que les asiste por ser expulsados y la discriminación por tildarlos de “negros”.

Otra de las paradojas de este conflicto racista y apatridia se suma a la calificación de ‘Inhumana’ que sentenció en el 2013, el actual presidente Luis Abinader, quien descalificó la sentencia. Y justo ahora que está en el poder, la situación se ha recrudecido. El presidente Abinader pretende desviar la atención de los organismos internacionales, al intentar tapar el sol con los dedos, y hacer creer que en el país que regenta no hay apatridia. También profiere el mandatario que es un tema de seguridad para esquivar el verdadero meollo de la migración que es un derecho.

En el 2021 el presidente dominicano prohibió el ingreso de las haitianas con más de seis meses de embarazo, suspendió la renovación de las visas a estudiantes haitianos, y como para cerrar con broche de hierro ordenó la construcción de un muro para separar los dos países que ocupan la isla. En este año, Abinader decretó el cierre de la frontera para protestar porque Haití construye un canal de riego en el río Masacre, afluente que comparten estos dos países limítrofes, y se hace el de la vista gorda porque República Dominicana ha construido 11 obras en él.

Para el primer ministro haitiano, la intervención internacional debe ser inminente. Luego de varios meses de negociación se empiezan a definir ayudas para contrarrestar la violencia causada por las pandillas. “La vida cotidiana del pueblo haitiano es difícil, por lo que el Consejo de Seguridad (…) debe actuar urgentemente autorizando el despliegue de una misión multinacional policial y militar de apoyo a la seguridad”, solicitó el primer ministro Ariel Henry en la Asamblea General de la ONU, casi un año después de que pidiera por primera vez una intervención de este tipo para su país.

Vergonzosa ha sido también la indiferencia de la comunidad internacional, cuando condenó en su momento la Sentencia 168 que obligó al Gobierno de República Dominicana a promover la Ley 169 de 2014, que promulgaba la devolución de los documentos a los haitianos a quienes les fueron incautados teniéndolos en orden, y aquellos que no los tuvieran se les obligaría a registrarse como extranjeros, pese a no serlo, como única forma de comenzar un proceso de naturalización pasados dos años. Los haitianos que son la mayoría en esta situación han manifestado su inconformiso por la magnitud del desorden institucional y todavía no se les ha cumplido. Por esto se hace inminente la intervención de organismos internacionales para garantizar por vías diplomáticas los derechos humanos a esta población tan vulnerable.