Pensionistas exigen pensión mínima de 1080 euros

Por: Manuel de la Rosa Hernández
Docente y activista social. Islas Canarias

Este 25 de mayo distintas plataformas territoriales del Estado español que conforman el movimiento pensionista se movilizan conjuntamente para exigir unas pensiones dignas para todas las personas, centrada en una pensión mínima de 1080 euros para el 2023. El movimiento impulsa este 25 de mayo concentración ante el Congreso de los Diputados y movilizaciones en los distintos territorios del Estado español por los 1080 euros de pensión mínima.

1080 euros, una demanda social básica

La situación actual del Servicio Público de Pensiones y de las personas pensionistas se ha ido configurando a través de las sucesivas reformas impulsadas por políticas públicas que por lo general han tenido como objetivo reducir las pensiones públicas mediante el endurecimiento de las condiciones exigidas para acceder a ellas, la precarización de las condiciones de trabajo y la devaluación salarial, han hecho el resto. Esto lleva a que un elevado número de pensionistas tengan que sobrevivir en los últimos años con pensiones insuficientes tras una vida entera de trabajo.

Las sucesivas reformas de las pensiones están transformando el sistema público de pensiones de reparto orientándolo hacia un sistema dual en el que la parte pública tenga un carácter de mínimo asistencial y se desarrolle un sistema complementario de capitalización para aquellas personas que puedan acceder a él. Esta estrategia desarrollada reforma tras reforma tiene como consecuencia que se perpetúan pensiones mínimas claramente insuficientes y disminuye alarmantemente el poder adquisitivo de las pensiones.

En el actual contexto de crecimiento exponencial del coste de la vida cada vez mayor número de personas mayores y pensionistas ven truncadas sus posibilidades de acceder a una vivienda saludable y adecuada a sus necesidades, a una alimentación básica y de calidad ya la atención efectiva para afrontar otras necesidades como la atención a la dependencia, entre otras.

La brecha salarial y de pensiones viene dada por las condiciones discriminatorias que han venido sufriendo las mujeres en sus condiciones de trabajo laboral y porque el trabajo de cuidados no se ha tenido como actividad social fundamental y compartida, condenando así a una gran parte de las mujeres a vivir en una situación de vulnerabilidad, marginación y pobreza. La pobreza en este estado tiene rostro de mujer.

En los lunes al sol de Euskal Herria, está reivindicación fue tomando cuerpo en cada movilización semanal. Luego se ha extendido a todo el Estado. Suponía reivindicar el 60 % del salario medio según ha marcado la carta social europea. La subida del salario mínimo a 1080 euros  ha facilitado la extensión de esa reivindicación.

El Movimiento Pensionista de Euskal Herria (MPEH) promovió el 13 de mayo, manifestaciones por la pensión mínima de 1080 euros en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria (Bilbao/Bilbo, Victoria/Gasteiz, San Sebastián/Donostia y Pamplona/Iruña). Del 13 al 18 de marzo llevaron a cabo encierros, concentraciones y manifestaciones convocadas por la demanda de los 1080 euros de pensión mínima.

El MPEH dirige la reivindicación de 1080 euros de pensiones mínimas tanto al Congreso de los Diputados como a los gobiernos del Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra.
La movilización estatal del 25 de mayo es un paso importante para reforzar esta reivindicación a nivel social e institucional. Demanda ésta que dirigen tanto al gobierno del Estado como a los gobiernos de las Comunidades autónomas. Además, a estos últimos les exigen que mientras el Estado no fije esa cantidad, complementen las pensiones mínimas hasta las 1080 euros en catorce pagas.

Contra recortes y privatización de pensiones

Un pilar fundamental de los derechos sociales, como las pensiones públicas, en cualquier estado está siendo recortado. Lo que puede revertir esta tendencia impulsada desde los poderes públicos es la movilización obrera y popular.

El movimiento pensionista estatal denuncia que “ésta no es la reforma que venimos reclamando en las calles desde hace más de cinco años.” Insta a los grupos políticos del Congreso a utilizar la tramitación parlamentaria del RDL 2/2023 para las reivindicaciones más urgentes sean atendidas y para establecer de inmediato en este año y con efectos retroactivos a enero la pensión mínima de la persona pensionista en 1080 euro en 14 pagas.

El gobierno actual del Estado español sigue ahondando con sus reformas de las pensiones en los recortes y privatizaciones en el Sistema Público de Pensiones. Además, mantiene reformas de las pensiones anteriores, que como la del 2011 deberían haber sido derogada y que en el RDL se perpetúan. En cualquier caso, habría siempre que asegurar que los Presupuestos del Estado cubrirán los déficit que se produjeran en el Sistema Público de pensiones.

La reforma del 2011 supuso la imposición del aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años o el incremento de los años cotizados para acceder al 100% de la pensión. Ya incrementó en su momento los años necesarios para para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años, que con este RDL se aumentarán a 29 años.

Se deja abierta la puerta a nuevos recortes de las pensiones pues se somete las decisiones futuras respeto a la financiación y prestaciones del Sistema Público de Pensiones (SPP) a los criterios del Informe de envejecimiento publicados por la Comisión Europea, a la AiReF y al Pacto de Toledo. Ninguna de estas instancias es aliadas ni defensoras de los derechos de las personas pensionistas ni tampoco “neutrales”.

Otras demandas del movimiento pensionista

El movimiento pensionista exige además que tanto en el debate parlamentario en curso del RDL 2/2023 como en la calle, se tomen una serie de medidas que pasan por:

– La realización inmediata de la auditoría de cuentas de la Seguridad Social.

– Incrementar la pensión mínima hasta alcanzar los criterios de suficiencia de la carta social europea. En estos momentos apoyando la demanda de 1080 euros para el 2023.

– Derogar los recortes de las reformas de las pensiones como la del 2011. Recuperar la jubilación a los 65 años y los 15 años para el periodo de  cálculo de la pensión.

– Recuperar la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones y restablecer para ello la paga compensatoria de las pensiones.

– Medidas efectivas para erradicar la brecha de género en salarios y pensiones.

– Derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados.

– Garantizar las pensiones mediante la creación de empleo de calidad y salarios dignos.

– Impedir la financiación con dinero público de los planes de pensiones de empleo (PPEs) por medio de cotizaciones a la Seguridad Social y asegurando que coticen y tributen como rentas de trabajo.

Los 1080 euros de pensión mínima deben ser a partir de ahora una demanda sostenida hasta su consecución.

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