Perú. Construir un país de todas las sangres
Por: Pepe Mejía
Periodista, Corresponsal de Lucha Indígena en Europa y miembro del Colectivo de Peruanxs en Madrid
A dos meses de la destitución de Pedro Castillo como Presidente de la República de Perú, las movilizaciones se extienden y aumentan en número.
En Lima, la capital fundada por el conquistador español, Francisco Pizarro, y que ordenó la ejecución del inca Atahualpa a pesar de haber recibido el mayor rescate en oro y plata, hay movilizaciones todos los días.
Poco a poco se va conociendo la verdad sobre la matanza de civiles a manos de la policía y militares.
El sacerdote Luis Zambrano a cargo de la parroquia Pueblo de Dios en Juliaca, narró que la policía que perpetró la masacre de Puno el pasado 9 de enero, llegó de Lima “a matar”, “Nunca había visto yo a los helicópteros tirando bombas”. Los disparos han sido realizados de cintura para arriba. Sólo unos pocos tenían heridas en las piernas.
En Ginebra dos ONG peruanas, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) y la Red Whipalas, denunciaron ante mecanismos de derechos humanos de la ONU “violaciones y represión” de las autoridades peruanas en el marco de las actuales protestas.
Apoyadas por la organización suiza Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) y por asociaciones de peruanos en ese país y en Bélgica, las ONG piden a la ONU que “inste al Gobierno del Perú a cesar las acciones represivas y las ejecuciones de manifestantes”, según destacaron en un comunicado conjunto difundido por la agencia EFE.
También solicitan a los mecanismos de Naciones Unidas que reclamen al actual Gobierno de Dina Boluarte la liberación de las personas detenidas arbitrariamente, identificar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y que sus víctimas “tengan acceso a la justicia y a la reparación”.
Los y las manifestantes exigen la dimisión de Dina Boluarte como presidenta. Consideran que no sólo es una traidora (dijo que se iba si Pedro Castillo era destituido y no ha sido así) sino la responsable de las más de sesenta personas muertas y/o asesinadas por las Fuerzas Policiales (FFPP) y las Fuerzas Armadas (FFAA).
La mayoría de lxs manifestantes que han llegado a Lima proceden de la zona sur de Perú, especialmente de la región de Puno. No llegan a la capital de los sobornos, coimas o chanchullos de forma individual, sino por encargo y decisión de sus propias comunidades campesinas, aymaras, quechuas y amazónicas. Las propias comunidades facilitan el viaje con alimentos y apoyo económico, siguiendo sus pautas comunales de solidaridad y apoyo mutuo.
En Lima, desde hace más de veinte años, existe una amplia red de migrantes procedentes de las regiones del interior. Hoy, esos y esas residentes en Lima están prestando un gran apoyo a lxs manifestantes.
Por otro lado, la “pituquería”, esa casta compuesta por blanquitos y que viven en zonas residenciales de Lima y a lxs que con desprecio se les llama “pitucos”, sigue de espaldas a esa lacerante realidad de las mil sangres. Un desprecio que viene desde los tiempos de la colonia. Una aberrante herencia de los conquistadores que siempre despreciaron a las comunidades indígenas, a sus ritos y creencias y quisieron imponer con la cruz en una mano y la espada en la otra el cristianismo. No lo consiguieron.
500 años acumulando odio
Hoy, todo ese odio acumulado de diversos gobiernos -que no han resuelto sus problemas, y que más bien recurren a la feroz represión- ha sido la espoleta.
Más de 500 años de injusticias, son muchas injusticias.
La historia nos ilustra el origen del robo, el saqueo y ese desmesurado interés en enriquecerse. Las huestes de Pizarro no llegaron a América para fomentar la buena vecindad sino para conseguir ser ricos con el menor esfuerzo.
A finales de septiembre de 1526, la soldadesca de Pizarro recaló en la isla del Gallo, situada al sur de Colombia. Los recios guerreros estaban extenuados y con la moral por los suelos. Y allí, Pizarro desenvainó su espada y trazó una línea en el suelo y dijo: “al norte se va a ser pobres. Al sur a ser ricos”. Y así pasaron la raya 13 endebles guerreros que pasaron a llamarse “los 13 de la fama” o “los 13 de la isla del Gallo”. El núcleo “duro” del expolio.
Desde un principio, los españoles buscaron alianzas y aliados para seguir con el expolio basado en la explotación de los minerales. El oro y la plata básicamente.
El actual Congreso, dominado por sectores de derecha y ultraderecha, está aliada a los intereses de las empresas extractivistas. Con una mano votan en favor de esas empresas y con la otra mano reciben las coimas.
Las grandes empresas extractivistas –como lo vienen haciendo desde tiempos de la colonia- sacan beneficios del orden del 82% mientras el país se queda con el resto que va casi en su totalidad a pagar las coimas de los irresponsables políticos de la administración central anclada en Lima.
Las empresas extractivistas –muchas de ellas de Canadá, China, Estados Unidos, España…- no pagan impuestos o pagan impuestos irrisorios. Envenenan los ríos y matan a los pueblos originarios. En los territorios donde extraen los minerales las poblaciones sólo ven hambre y miseria.
A lo largo de estos últimos 500 años habido levantamientos populares, indígenas y campesinos.
El ingreso al siglo XXI fue, con la reconquista de la democracia, la Marcha de los Cuatro Suyos. Reconocida como la más contundente movilización social que devino en la caída del régimen Fujimori-Montesinos.
En el 2009 ocurrió lo del “Baguazo”[1]. Nelson Manrique apunta que fue una matanza contra pueblos indígenas y hace una asociación con las protestas actuales que cuestionan cómo se ejerce el poder. “Estas protestas tienen una reivindicación política, étnica y regional, contra el racismo y la marginación”.
Hoy, esos pueblos, que han heredado injusticias y explotación, se han levantado y exigen construir un país inclusivo, en donde estén todos los pueblos originarios y lxs afroperuanxs.
No sólo se movilizan por sus reivindicaciones sino para construir un nuevo Perú, con nuevos sujetos que están aflorando en las movilizaciones. No hay liderazgos, hay liderazgos colectivos. No hay interlocutores. Porque cuando habido interlocutores Lima les ha dado la espalda, los han ninguneado, les han engañado. Existe una Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) en donde se está generando las propuestas del nuevo Perú.
Las instituciones en Perú están totalmente deslegitimadas. La corrupción corroe a los miembros del Congreso, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y FFAA. El presidente del Congreso, señalado como responsable de la ejecución de campesinos en Accomarca, ha sido acusado por una embajadora de EEUU de mantener vínculos con el cartel de Tijuana.
La dictadura de Dina Boluarte (Dinamita Balearte para las manifestantes) habla de paz matando y de reconciliación amenazando. Dina Boluarte, que militó en la izquierdista Perú Libre, tiene el apoyo de la derecha unida, de los medios de comunicación a sueldo de la oligarquía, de los congresistas de derecha y ultraderecha, de las FFPP y FFAA. Pero, además, disfruta del apoyo del país del norte: Estados Unidos.
Dina Boluarte debe dimitir o seguir con la feroz represión
La única salida que tiene la actual presidenta es dimitir o seguir aumentando la represión, poniendo más muertos sobre la mesa. En las organizaciones populares, sociales, campesinas, indígenas y amazónicas crece la unidad y la organización.
La dictadura recurre al llamado “terruqueo”, que consiste en señalar como “terrorista” a todo opositor político.
Según la historiadora, Cecilia Méndez, “esa situación es muy grave, porque se están inventando chivos expiatorios, están inventando la existencia de Sendero, que ya fue derrotado, o están resucitando el fantasma del terrorismo”, cuestionó.
La historiadora asocia esto último con prácticas fascistas. “El fascismo es la mentira organizada. El fascismo necesita crear un enemigo, polarizar a la sociedad, para que la sociedad opte entre ellos y nosotros. Buscan incentivar el terror y, ahora, el terror de Estado”, expresa.
La derecha y ultraderecha quieren imponer el binomio argumental de democracia-terrorismo, cuando en realidad es democracia-dictadura.
Diversos analistas consideran crucial sancionar el ‘terruqueo’ para desmantelar un discurso perverso y, como hemos visto, letal.
¿Cómo puede culminar esta etapa? El historiador, Nelson Manrique, señala que Dina Boluarte terminará siendo abandonada por la derecha, cuando llegue el momento de establecer la responsabilidad política y penal por las muertes generadas.
Otro historiador, José Ragas, sostiene que el escenario actual debe plantearnos la necesidad de llegar a una transición efectiva, que incluya sanción para los responsables de las muertes.
La responsabilidad de los gobiernos europeos
En el caso de Perú existe cierto cinismo y bastante hipocresía. Los gobiernos europeos se llenan la boca diciendo que defienden los derechos humanos y denuncian a las dictaduras y arbitrariedades. Pero la realidad es muy distinta.
El caso de España. En medio de la matanza de civiles desarmados, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea.
“La entidad (Amnistía Internacional) cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022 -últimos datos oficiales disponibles-, de los cuales cerca de 40 millones eran de material antidisturbios. En cuanto a las exportaciones realizadas en ese mismo periodo, Amnistía Internacional destaca las ventas de 4,7 millones en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios”. Dina Boluarte está matando a gente del pueblo con armas vendidas por España.
Va siendo hora de exigir a los gobiernos de Europa una mayor coherencia. O estamos con la democracia o estamos con la dictadura. Y esto último pasa, en el caso español, por dejar de vender armas.
Tenemos la tarea de aumentar la solidaridad y el apoyo al pueblo peruano. Acompañarlo en su camino por el derecho a decidir su futuro para acabar con los sufrimientos, el dolor y las injusticias que vienen desde tiempos de la colonia.
[1] El 5 de junio de 2009 bajo el gobierno del socialdemócrata, Alan García, sucedió la llamada masacre de Bagua, también llamada Baguazo, en las cercanías de la localidad de El Reposo muy próxima a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en el Amazonas. Según la información oficial del Gobierno, el enfrentamiento tuvo un saldo de 33 personas fallecidas (23 policías y 10 nativos) y 1 desaparecido. Estos hechos se llevaron a cabo como parte del desalojo de aproximadamente 5 000 nativos aguarunas, huambisas y otros grupos étnicos amazónicos, junto con muchos pobladores de las ciudades cercanas como Jaén (Cajamarca) que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry 55 días lo que provocó el desabastecimiento de combustible, gas y alimentos a los departamentos de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.