La dictadura en Perú quiere acallar las protestas a sangre y fuego
Por: Pepe Mejía
Periodista, miembro del Colectivo de Peruanxs en Madrid
Más de 50 muertos, 18 en un solo día, es el macabro balance de la dictadura de Dina Boluarte a un mes y medio de su gestión en Perú.
Los mandos militares y policiales, la tropa sólo obedece a esos mandos, la Presidenta Dina Boluarte y los Ministros de Defensa e Interior son los principales responsables de esta masacre.
Pero también los sectores de la derecha y ultraderecha. En estos días ha entrado en escena el grupo paramilitar “La Resistencia”, que nació de las entrañas del fujimorismo. Este grupo paramilitar está acosando a organizaciones de defensa de los derechos humanos y amedrenta a sectores de la cultura que en Lima empiezan a expresar su solidaridad.
A más represión y sangre aumenta la organización y unidad de las organizaciones populares en movilización. La represión es especialmente dura contra cuadros sindicales, campesinos e indígenas. Según Rocío Silva Santisteban, en una acción “macartista terruqueadora”, en Lima han allanado el local de Toscana Bar donde se tenía previsto cantar huaynos ayacuchanos.
El objetivo de las detenciones indiscriminadas (se ha detenido a personas por tener libros sobre Marx o Mariátegui) y masivas es infundir temor y desalentar a la población a que salga a las calles y expresa su rechazo a esta dictadura.
En esta misma línea se entiende el inusitado interés en reestructurar las fiscalías. El anuncio de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de reorganizar el subsistema de fiscalías especializadas en derechos humanos, interculturalidad y terrorismo, con el objetivo de investigar las muertes y los actos de violencia en las movilizaciones, busca acusar de “terrorismo” a las personas que participan en movilizaciones. Busca juzgar las protestas como “terrorismo”.
Diversas fuentes del Ministerio Público señalan que, la Policía Nacional, especialmente oficiales de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE), está detrás de la propuesta de la fiscal de la Nación.
La propuesta surge luego de la intervención, el pasado 17 de diciembre, a la sede de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y el partido Nuevo Perú.
La policía realizó el operativo a las 8:00 de la mañana y los fiscales aparecieron a las 12:00, y más tarde liberaron a todos los intervenidos al no encontrar elementos para una detención. La Policía quiere fiscales que respalden esas intervenciones, “sin dudas ni murmuraciones”, según ha publicado la prensa en Lima.
La represión responde a un patrón y a unos responsables: el jefe del servicio de inteligencia y los ministros de Defensa e Interior.
Jorge Montoya el portavoz de la ultraderechista Renovación Popular, lo dijo muy claro. “Las fuerzas del orden deben estar autorizadas para disparar”. La decisión política y estratégica es: “le vamos a meter bala”. Esa ha sido la decisión.
En Brasil, sectores de la ultraderecha asaltaron las sedes de los tres principales organismos del Estado, la policía intervino y no hubo ningún muerto. En Perú, la ultraderecha y la derecha claman al cielo cuando ven un coche arder o una carretera bloqueada, pero no dicen nada de la muerte de civiles desarmados que han sido asesinados cuando se movilizaban. Existe más preocupación por una camioneta quemada que la vida de un manifestante.
La represión es tan dura que hasta un ministro, el de Trabajo, renunció en desacuerdo con la represión que ejerce Dina.
Hablan de paz matando y de reconciliación amenazando.
Este gobierno y ciertos grupos políticos tratan de “indios”, “terroristas” y “senderistas” a sus propios ciudadanos, algo que solo contribuye a la estigmatización y violencia institucional. Un Estado de Derecho no mutila, no vulnera los derechos humanos. Un gobierno dictador genera represión, enfrentamiento entre hermanos.
Claves para entender las movilizaciones
En primer lugar, el expresidente, Pedro Castillo, ha dejado de representar las expectativas de cambio, pero aún simboliza —quizá hoy más que nunca— la discriminación estructural en el Perú, como bien señala Francesca Emanuele en Wayka.
Las clases dominantes son incapaces de interpretar la realidad nacional. Y sin ellas será menos probable romper con el centralismo limeño y con las condiciones de exclusión, características del Perú moderno.
Hay una clase dominante que se resiste a que las clases empobrecidas estén representadas en las esferas más altas del poder. Ni llegando a ellas dejarían de ser tratados como seres inferiores, según Emanuele.
Hoy la Justicia y el Congreso del Perú continúan nutriendo este sentimiento de menosprecio utilizando sus herramientas legales de forma arbitraria.
Las poblaciones del interior de Perú miran alrededor y solo encuentran instituciones controladas por autoridades que los desprecian y que hoy están dispuestas a matarlos para mantener el statu quo. La incapacidad de las élites para entender esta realidad solo corrobora que las reivindicaciones de los manifestantes son las correctas. A lo mejor es demasiado pedir que los artífices de esta tragedia dejen de malinterpretarla.
Las movilizaciones
El peso de las movilizaciones la están llevando diversas organizaciones sindicales, indígenas y campesinas. Participan un amplio sector de jóvenes con gran protagonismo de mujeres. Los pueblos indígenas de la Amazonía están en movilización permanente. Exigen la renuncia inmediata de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.
Exhortan iniciar un proceso amplio para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que permita incluir todos los temas de la agenda indígena amazónica relacionados con la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Nada justifica más carnicería represiva por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, señalan.
Cada vez amplios sectores de la población se suman a la petición de dimisión de Dina Boluarte. Gobernadores regionales de Puno, Apurímac y el Presidente del Consejo Regional de Cusco, así como doce colegios de abogados y el titular de la Cámara de Turismo de Paracas solicitan la dimisión de Dina.
Las movilizaciones se multiplican y ya no sólo en el sur de Perú sino en otros territorios. El objetivo es viajar a Lima, rememorar la marcha de los cuatro suyos que, en julio del 2000, inició la caída de la dictadura de Fujimori.
Y en esta última semana se han multiplicado las movilizaciones en el exterior. Madrid, Paris, Barcelona, Bilbao, Alemania, Italia, Estados Unidos, Argentina, México…y en una infinidad de países y territorios la gente está saliendo a la calle para rechazar a esta dictadura sangrienta y exigir a los gobiernos democráticos que se desmarquen del gobierno dictatorial de Lima. Se han realizado llamamientos para protestar ante las sedes de las embajadas de Perú en el exterior y exigir alto a la represión, solidaridad con las víctimas y castigo a los responsables de las masacres.
Sólo la movilización, la organización, la unidad y la más amplia solidaridad de los pueblos harán caer la dictadura y frenar la masacre del pueblo.