¿Abandona Colombia a sus ciudadanos en el extranjero?
Por: Manuel Ferrer Muñoz, PhD
España
En muchos países, el funcionamiento de los ministerios de Asuntos Exteriores es más que deficiente. Contribuyen a ese mal desempeño diversos factores, entre los que ocupa un lugar destacado el amplio margen de discrecionalidad para la designación de representantes diplomáticos y del personal asignado a las oficinas consulares. España no constituye una excepción, como podrán acreditar cuantas personas acuden al Consulado de España en Quito (Ecuador), por sólo poner un ejemplo. Y, mucho me temo, el mal es poco menos que universal.
Pero resulta particularmente lacerante el caso de Colombia, que desde finales del pasado siglo ha conocido una migración masiva de sus ciudadanos, expulsados por la inseguridad y la precariedad económica y atraídos por el señuelo de un El Dorado que, paradójicamente –se piensa de modo ingenuo-, se habría mudado a la orilla europea del Océano Atlántico, huyendo de tantos visitantes molestos a su antiguo y recóndito emplazamiento en la selva amazónica.
Es cierto que las deficiencias en el servicio exterior colombiano y la pésima gestión de algunos consulados vienen de lejos. Durante el gobierno de Duque se destaparon algunos escándalos sonados de corrupción que salpicaron a Martha Lucía Ramirez, vicepresidenta y canciller colombiana. Pero esos penosos antecedentes no exoneran de responsabilidad al actual gobierno, que parece desbordado por la masiva afluencia de ciudadanos a oficinas consultares colombianas para la realización de trámites, muchos de ellos muy sencillos, susceptibles de resolverse en escasos minutos.
Lo dramático del caso es la precariedad de recursos humanos que padecen habitualmente muchos consulados. Bastaría citar, como botón de muestra, el caso del Consulado de Colombia en Sevilla, que cubre un amplísimo radio de acción -su circunscripción abarca las Comunidades Autónomas de Andalucía (provincias de Sevilla, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga) y Extremadura (provincias de Cáceres y Badajoz), y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla-, y presta servicios a más de 25.000 connacionales (según datos del INE referidos a 2021). En enero de 2023, la demanda ciudadana, incrementada ha desbordado amplísimamente la capacidad de esa oficina consular, que cuenta en este momento con sólo dos empleados.
He aquí la asombrosa explicación de esa desconcertante falta de personal: que muchas entidades estatales de Colombia no cierran su plantilla hasta el mes de febrero, pues la vinculación de un porcentaje elevado del personal que en ellas labora se realiza mediante contratos de servicios que expiran cada 31 de diciembre. Consecuencia inevitable, aunque inconcebible desde el punto de vista de la funcionalidad y del sentido común: que el colombiano que necesite resolver un trámite en cualquier oficina del Estado debe abandonar cualquier esperanza de conseguir siquiera una cita (también el infeliz que trate de obtener o renovar un pasaporte en el propio país, como está ocurriendo en estas mismas fechas).
La pregunta que se nos plantea es: ¿debe tolerarse que, por la torpeza burocrática de un Estado incapaz de gestionar sus propios recursos, se pase a la ciudadanía la factura de los platos rotos?