Educación Financiera: ¿cambio o continuidad?
Por: Juan Almagro Lominchar, PhD
Universidad de Almería (España)
El pasado 3 de octubre tuvo lugar el llamado día de la educación financiera. Conviene situar al lector/a sobre la cronología e historicidad de este día, que, en el caso de España, empezó a adquirir relevancia a partir del año 2008, cuando el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) elaboran el primer Plan de Educación Financiera (PEF, en adelante). Este documento, que ha ido renovándose periódicamente, recoge las directrices planteadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2005 (Improving financial literacy: analysis of issues and policies), que alertaba del escaso nivel financiero de las y los jóvenes. Es así como, en España, el mencionado PEF fue canalizado por parte de los poderes públicos para empezar a trabajarse e impartirse en los centros educativos, concretamente en las asignaturas de Economía, en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
El análisis del contenido del PEF, muestra un evidente sesgo que reduce la educación financiera a cuestiones vinculadas con el aprendizaje de pautas referidas a la adquisición y manejo de tarjetas de crédito, la solicitud de préstamos bancarios –incluidos los hipotecarios-, la apertura de planes de pensiones privados o la inversión en bolsa. De la misma forma, el documento invisibiliza y resta importancia a otros aspectos como los requisitos que han de cumplir aquellas personas que deseen solicitar un préstamo, los riesgos de un uso desmedido de la tarjeta de crédito y del coqueteo con la bolsa o las alternativas públicas a los planes de pensiones privados. Paralelamente, el PEF cosifica las acciones y decisiones económicas y financieras, aventurando que todas las personas en su vida han de adquirir un coche o una vivienda en propiedad, obviando la posibilidad de hacer uso del transporte público o vivir de alquiler.
Tienen sentido, no obstante, estas directrices –más allá de los reclamos de la OCDE-, teniendo en cuenta que el PEF, además de partir de las premisas del Banco de España y la CNMV –recordemos: el organismo que estipula que empresas pasan a formar parte del IBEX-35, es decir, el principal indicador bursátil en España-, cuenta con la participación de entidades financieras –nacionales e internacionales- y de aseguradoras privadas. O lo que es lo mismo: subyacen, de estas pautas, unos intereses claramente definidos y orientados a predisponer a la población más joven para que comience a familiarizarse con aquellos productos y servicios financieros que las mismas entidades y organizaciones que elaboran el PEF pueden ofrecerles. Para ello, la escuela se ha convertido durante estos últimos años en el espacio sobre el que trabajar estas cuestiones, obviando que el espacio socioeducativo ha de formar personas informadas y con pensamiento propio, capacitadas para analizar críticamente discursos proselitistas y propagandísticos como los que recoge el PEF.
En este sentido, si queremos que la ciudadanía tenga acceso a una educación financiera libre de sesgos y, sobre todo, en conexión con una economía real y cercana a las personas, no podemos dejar en manos de las entidades financieras y bursátiles la formación financiera de nuestras/os jóvenes. Principalmente, además de por las razones aludidas, porque estas entidades bancarias y organismos económicos han sido partícipes, explícitamente, de una de las mayores crisis de los últimos años, que se hizo visible con la caída de la banca estadounidense Lehman Brothers, en el año 2008, y que desde entonces modificó el paradigma económico global en el que nos situamos.
El cambio legislativo en materia educativa que se ha producido en España, ha de permitir enfocar la educación financiera desde una visión más crítica, inclusiva y realista. No se trata de que nuestras/os jóvenes comiencen a usar una tarjeta de crédito cuanto antes, sino de que aprendan a hacerlo con responsabilidad; no es viable plantear prácticas que inciten a la solicitud de préstamos bancarios sin alertar de las consecuencias que esto conlleva o de quienes son invisibles –por situarse en los márgenes- para esas mismas entidades financieras; no es baladí realizar una labor pedagógica que ayude a comprender el daño que hace a la economía real –subida de precios de productos alimenticios básicos para la población, por ejemplo- una economía especulativa como la que subyace de algunas prácticas y actividades bursátiles; es requisito imprescindible que nuestras/os jóvenes entiendan que ninguna entidad bancaria ha de cosificar y delinear sus decisiones financieras; se necesita hacer pedagogía de conceptos que no aparecen en los discursos propagandísticos de quienes ostentan el poder económico y financiero, en aras de hacer ver a la ciudadanía que existen alternativas al respecto, como la dación en pago o las pensiones públicas.
Estos y otros aspectos son tan relevantes como necesarios, y cualquier sistema educativo formalmente democrático debería tenerlos en cuenta en su proceso de formación de la ciudadanía.