Otra vez la Ética Pública

Por: Ana Cecilia Salazar V.
Universidad de Cuenca (Ecuador)

Hablar de ética, hoy en medio de una realidad tan oscura, violenta y corrupta no sólo es urgente sino y una obligación de todas instituciones y sectores de la sociedad.

La ética pública es la aplicación de los principios de la redistribución equitativa de la riqueza y los recursos públicos, lo que es una inmensa responsabilidad. Hoy en medio de un contexto pre electoral, vale decir que quien aspira a un cargo público deberá estar preparado para asumir esa responsabilidad, deberá conocer técnica pero también social y humanamente qué, cómo y para quienes deberá orientar la aplicación de políticas públicas basadas en la equidad y la justicia social, en definitiva,  la dignidad.

La crisis social, ecológica y del sistema económico actual han generado pobreza, degradación del medio ambiente y desempleo estructural, provocando un ejército de excluidos y una lógica productiva de autodestrucción; realidad que demanda otra ética. La realidad actual es el resultado de la historia de un pueblo; es la manifestación práctica de un comportamiento social, lo que hoy vivimos es consecuencia de la aplicación de políticas económicas, sociales, ambientales, de gobiernos anteriores

En el derecho, lo público está por encima de lo privado, pues tiene que ver con la utilidad y el beneficio general de acceder a un bien o servicio, es decir a un derecho ciudadano, pero también lo público tiene que ver con la calidad de la gestión de los gobiernos cuya principal característica debe ser la transparencia de la información y del manejo económico. El sector público trabaja con los aportes de todos, su obligación es garantizar que los derechos ciudadanos se cumplan de manera eficiente justa y democrática.

Gobernar una ciudad no es un asunto de improvisación ni buenos deseos, exige responder de manera efectiva a las necesidades d los sectores más necesitados, eliminando la posibilidad de los desfalcos, la cleptocracia, el patrimonialismo y la ilegalidad. No se trata solamente reglas para una eficiente gestión pública, sino sobre todo de contrarrestar las desigualdades entre ciudadanos procurando la equidad social, entendida como un sistema de oportunidades que consiste en dar a cada quien lo que merece.

Es fundamental que la capacidad de un gobierno sea efectiva para que pueda tener un desempeño satisfactorio. La ineficiencia, la opacidad, la inoperancia, la negligencia, la mala atención, la tramitología, la tardanza, la opacidad, el despotismo, la falta de información oportuna, el tráfico de influencias, la atención privilegiada a ciertos sectores, los obstáculos para la participación ciudadana, la improvisación, son prácticas corruptas, aunque a veces pueden estar normalizadas.

Por otra parte, y sobre todo, recordar que los bienes públicos no se pueden negociar. El suelo, los recursos naturales, el espacio público, el agua, los bosques, los páramos, no pueden ser vendidos al mejor postor en detrimento de los derechos colectivos. Un buen gobierno deberá enfrenar los intentos de capturar la gestión del estado por parte de las corporaciones comerciales y financieras ya sean nacionales o internacionales que intentan despojarnos de esas riquezas naturales.

Nuestro territorio y nuestros recursos no están en venta, nos pertenece soberanamente por nuestra dignidad y determinación de defender una vida sana y libre de violencia contra la naturaleza y los seres vivos, pero de manera especial de las comunidades y poblaciones que en ellas habitan Cualquiera que aspire ser autoridad, asumirá esa responsabilidad. Estaremos pendientes.

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