Autonomía universitaria para el otorgamiento de plazas de estudios superiores
Por: Dr. Enrique Espinoza Freire, PhD
Universidad Técnica de Machala (Ecuador)
Ya hace algún tiempo dedicamos este espacio a reflexionar sobre el acceso a la Enseñanza Superior de aquellos estudiantes que culminan el bachillerato y desean continuar estudios en instituciones públicas universitarias en nuestro país.
Es oportuno recordar, que la prueba Transformar reemplazó al Examen de Admisión a la Enseñanza Superior, buscando perfeccionar este proceso y así garantizar una selección democrática de los bachilleres con mayores potencialidades para hacer frente de manera exitosa a las exigencias de las carreras que se ofertan en las diferentes instituciones universitarias públicas.
Este proceso de selección estuvo en manos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) durante varios años, acumulando la experiencia necesaria para hacer de este ejercicio un proceso lo más equitativo, justo e imparcial posible, garantizando así que los bachilleres con mejores capacidades cognitivas, actitudes y aptitudes fueran los que ocuparan las plazas disponibles de las diferentes carreras.
Recientemente, el pasado 14 de julio, el presidente de la República anunció la abolición del examen Transformar, dando potestad a las instituciones de la Enseñanza Superior a establecer sus propias regulaciones y mecanismos para la nivelación y admisión de estos estudiantes.
Como todo proceso novedoso este tema ha despertado la polémica entre los docentes del bachillerato, las familias y los miembros de la comunidad educativa universitaria; quienes tienen múltiples preguntas por contestar: ¿existirá un mismo nivel de exigencia en todas las instituciones?, ¿se garantiza qué todos los egresados del bachillerato tengan las mismas oportunidades de ingreso a la Enseñanza Superior?, ¿tendrán los estudiantes que aplicar a los ejercicios de distintas instituciones, incluso para la obtención de una plaza de una misma carrera o perfil?
Estas y otras preguntas exigen de respuestas, pues al ser las propias instituciones universitarias las encargadas de establecer los mecanismos de selección podrán priorizar sus intereses en el orden académico y esto podría ocasionar un desequilibrio en las exigencias regulatorias establecidas en cada una de ellas.
Por otro lado, esta medida favorece la racionalidad del proceso que deja de ser centralizado; de esta forma, los estudiantes optarán por aquellas carreras que realmente desean estudiar y por la institución que les sea más propicia por razones logísticas o económicas. También, las universidades tendrán mayor libertad para crear y ofertar carreras según las necesidades de los territoritos.
Pero, si bien esta nueva forma de proceder otorga autonomía a las instituciones universitarias, no se debe perder la percepción de que el mecanismo de selección adoptado debe ser ante todo un premio al esfuerzo, consagración y dedicación de aquellos jóvenes que durante toda su vida escolar se dedicaron a su preparación con la aspiración de alcanzar un cupo para continuar los estudios en el nivel superior; de igual forma, debe servir de estímulo a la labor de los docentes que trabajaron arduamente en la formación de estos estudiantes. En tal sentido, es necesario aprender del pasado para no incurrir en los mismos errores de fraude y corrupción; esto impone un reto a la SENESCYT y CES que han de establecer un eficiente sistema de control que garantice un proceso de admisión ético, riguroso y justo.