La educación y la rehabilitación de los privadas de libertad

Por: Dr. Enrique Espinoza Freire, PhD
Universidad Técnica de Machala (Ecuador)

Ecuador al igual que otros países latinoamericanos atraviesa una crisis de su sistema penitenciario; así lo demuestra la violencia imperante en los centros de reclusión; cada vez son más frecuentes los motines que dejan destrucción y muerte.

Entre los factores que frecuentemente se esgrimen como causantes de estos disturbios están el hacinamiento y la falta de preparación del personal encargado de la vigilancia y control de estas instituciones; desde mi punto de vista, este es el resultado de un análisis epidérmico del problema, pues, sin restar la importancia que estos elementos merecen, no son las únicas causas.

Situación que no solo debe preocupar al gobierno y autoridades carcelarias, este es un asunto que atañe a la sociedad, que precisa de la participación de todos los actores sociales para realizar un examen riguroso y profundo, tanto en el orden subjetivo como objetivo del fenómeno, que tiene su raíz en antecedentes socioculturales, económicos y políticos.

Pero, tan importante como este análisis es la voluntad política de Estado y gobierno para desarrollar programas que estén direccionados a la prevención y la rehabilitación; donde, sin lugar a dudas, la educación tiene un significativo rol protagónico. Contexto en el cual los sistemas educacionales y en particular la Universidad, como actor social clave, mucho pueden aportar desde sus procesos formativos, investigativos y de relación con la comunidad.

No debemos olvidar que, la educación es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución, en la que se privilegia a los grupos vulnerables, entre ellos las personas privadas de libertad, lo que es sistematizado en la legislación ecuatoriana. Así encontramos en el Código Orgánico Integral Penal, dentro del eje de educación para las personas privadas de libertad, la obligatoriedad de la educación inicial, básica y bachillerato, haciendo responsable de su ejecución al sistema nacional de educación. De igual forma, el sistema de rehabilitación social promueve la educación superior y técnica a través de la suscripción de convenios con institutos y universidades públicas o privadas.

En tal sentido, el centro penitenciario debe estrechar relaciones con las instituciones educativas para en común promover e implementar planes educativos y de capacitación laboral, con un fuerte contenido axiológico, que permitan la preparación del recluso, para una vez cumplida su condena pueda alcanzar la plena reinserción social.

Sin embargo, la realidad es otra, existe un profundo desequilibrio entre la doctrina y la práctica. Muchas prisiones son ambientes de violencia, dictadura e irrespeto a los derechos humanos, que lejos de reeducar, o más bien educar, influyen negativamente en la personalidad del preso.

Es necesario dar una nueva dimensión a la dinámica interna de las instituciones carcelarias, estas deben ser concebidas como centros de rehabilitación para procurar revertir los errores cometidos en la formación de estas personas, de lo contrario se estará en presencia de una espiral creciente donde el delincuente una y otra vez retornará a la cárcel, lugar en el cual reforzará su conducta delictiva.

Es el momento de cuestionarse, ¿qué se ha hecho para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación sobre la prevención de las conductas delictivas y la rehabilitación de las personas privadas de libertad?; pero, ante todo es preciso preguntarse ¿qué urge hacer para iniciar el largo camino de la prevención del delito, la rehabilitación del delincuente y su plena inserción en la vida social?

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