La inclusión en la enseñanza superior ecuatoriana
Por: Dr. Enrique Espinoza Freire, PhD
Universidad Técnica de Machala (Ecuador)
Hoy dedicaré este espacio a la reflexión en torno a un tema sensible para cualquier sociedad, más para la nuestra, fundamentada en un Estado constitucional de derechos y justicia social, la enseñanza superior de las personas discapacitadas; asunto que nunca pierde vigencia.
La garantía de los derechos de las personas discapacitadas ocupa las agendas de gobiernos y organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Ecuador como país signatario de los acuerdos internacionales en materia de inclusión social de los grupos vulnerables, entre ellos las personas con algún tipo de discapacidad, ha edificado un marco normativo garante de los derechos de estos ciudadanos.
Como piedra angular de estas normativas encontramos la Constitución de la República de 2008, que en su artículo 11 consagran los principios para el ejercicio de los derechos, deberes y oportunidades de todas las personas por igual. Entre las razones por las que nadie podrá ser discriminado se encuentra la discapacidad; de esta manera ninguna persona o institución puede menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de estas personas.
De igual forma, el Estado tiene la responsabilidad de adoptar políticas, estrategias y medidas de acción afirmativa que promuevan la plena igualdad a favor de aquellos que se encuentran en situación de desigualdad. Entre las políticas públicas del Estado se encuentran las orientadas a la promoción de la educación inclusiva como parte de estos derechos, garantizando el acceso a una educación de calidad ajena a todo tipo de discriminación.
Sin embargo, en la praxis cotidiana todas estas políticas, estrategias y medidas no resultan ser suficientes. Es evidente el escaso número de discapacitados que acceden a la Enseñanza Superior de los pocos que culminan el bachillerato y entre aquellos que logran avanzar a los estudios universitarios el abandono de las aulas es significativo.
Cabe preguntarse entonces: ¿por qué las personas discapacitadas no concluyen los estudios?, ¿los claustros universitarios se encuentran debidamente preparados técnica y metodológicamente para la atención a estos estudiantes?, ¿las instituciones de la Enseñanza Superior cuentan con una infraestructura conforme a las necesidades de los discapacitados?, ¿los modelos pedagógicos actuales son flexibles para brindar una preparación de calidad a este grupo vulnerable?, ¿son suficientes y pertinentes las metodologías para la enseñanza de estas personas en el ámbito de la Enseñanza Superior? La respuesta a estas y otras preguntas podría ser el inicio del camino para brindar una formación adecuada a estos estudiantes.
Por otro lado, la Universidad debe implementar acciones pedagógicas que contribuyan a transformar la mente y conducta de la comunidad universitaria, y de los miembros de la sociedad en general, pues aún existen prejuicios arraigados como parte del imaginario popular sobre las potencialidades cognitivas y competencias de estas personas; sobre todo, las que pueden llegar a desarrollar con una adecuada e intencionada formación. No se puede ignorar que la inclusión educativa se concreta en la participación activa y democrática desde la diversidad de los sectores sociales, donde cada ciudadano encuentre su espacio de desarrollo personal, con igualdad de derechos, deberes y oportunidades, sin ningún tipo de exclusión.
Mientras tanto, los ecuatorianos podemos seguir vanagloriándonos de contar con un adecuado marco normativo de la educación inclusiva, aunque está siga siendo un eufemismo en letra muerta o en el mejor de los casos una utopía.