Recomendaciones en materia de sensibilización, prevención y detección del abuso sexual infantil

Por: Dra. Noemí Pereda (PhD)
Directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona

A lo largo de los años, son múltiples los estudios que han confirmado que la victimización sexual en la infancia supone una grave interferencia en el desarrollo, que puede conllevar problemas de salud física y mental en la adolescencia y la edad adulta (Hailes, Yu, Danese y Fazel, 2019). Se ha demostrado también que uno de cada cinco niños y niñas en Europa sufre esta forma de violencia y que este porcentaje es incluso mayor en determinados colectivos, como los niños y niñas que se encuentran tutelados por el sistema de protección, aquellos que presentan algún tipo de discapacidad o problemas psicológicos, las minorías sexuales, o los implicados en el sistema de justicia juvenil (Pereda, 2016). A su vez, las cifras de denuncias oficiales nos han mostrado que la mayoría de estos casos no son notificados y restan durante años bajo el manto del secreto y el silencio impuestos por el victimario (Save the Children, 2017). Sabemos, por tanto, que una gran parte de las víctimas no reciben la ayuda que requerirían. Y esto, en parte, se debe a los escasos conocimientos e información que disponen los profesionales sobre este problema, así como a una insuficiente sensibilización social ante el mismo.

Prevenir este grave problema social, que no sólo afecta a la víctima, sino a su entorno, y a la sociedad en su conjunto, es una responsabilidad de todos y todas, que implica a múltiples agentes profesionales, pero también a la sociedad civil. La detección precoz de estos casos es una obligación moral, y legal, que no puede obviarse y que requiere de una mayor sensibilización, especialmente por parte de los profesionales que se encuentran en contacto con los niños y niñas. Estudios llevados a cabo en España han mostrado que muchos de estos profesionales no asumen esta obligación, ni tan solo asumen su deber cívico, aludiendo al desconocimiento del problema, a las dificultades del sistema de justicia, o a los problemas que la detección puede conllevarles (Greco, Gómez, Pereda, Guilera y González, 2020).

Ante todo ello, y partiendo del marco de la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, surge el documento ‘Recomendaciones en materia de sensibilización, prevención y detección precoz del abuso sexual infantil en España’ que tiene como objetivo ofrecer una serie de sugerencias de actuación que deben facilitar a los agentes de cambio una hoja de ruta, una guía que permita enfocar las iniciativas que deben llevarse a cabo si, efectivamente, se quiere actuar sobre el problema.

El documento no se centra únicamente en revisar las necesidades teóricas que existen respecto a la prevención del abuso sexual en la infancia, sino que realiza un diagnóstico participativo con supervivientes de esta experiencia, personas expertas y otros agentes sociales atendiendo a las necesidades, problemas e intereses que muestran.

Así, se recogen 23 recomendaciones en materia de sensibilización, prevención y detección del abuso sexual infantil, articuladas en diferentes ámbitos de competencia.

Recomendaciones intersectoriales:

La primera recomendación parte de la prevención más básica, la que se centra en evitar que los abusos sexuales ocurran dentro de las familias, a partir de programas de parentalidad positiva, basados en la evidencia. Y este punto es muy importante como se subraya en el documento. Porque si bien los esfuerzos por ayudar y apoyar a las familias y los niños en situación de vulnerabilidad o con problemas de maltrato intrafamiliar se basan indudablemente en buenas intenciones, la investigación ha mostrado que en ocasiones éstas pueden no producir ningún resultado positivo e incluso provocar daños de forma no intencionada (De Paúl, Arruabarrena e Indias, 2015).

Otras recomendaciones son más controvertidas y pueden llevar a posiciones diversas, no siempre en la línea que los autores sugieren, como es la restricción de las y los menores de 14 años a las redes sociales digitales, como estrategia preventiva. Programas de formación y educación ante los riesgos que la realidad online conlleva son una estrategia que quizás reciba una mayor aceptación y que ha demostrado tener una gran efectividad (Ryckman, Guerra y Finch, 2020).

Recomendaciones en el ámbito jurídico-policial:

En este ámbito se parte de una demanda que muchas víctimas solicitan, y que otros países han conseguido, y es la no prescripción de los delitos de abuso sexual. En este sentido, en España se ha mejorado sustancialmente en el tratamiento jurídico del problema de los años de prescripción, atendiendo a los estudios que muestran que las víctimas requieren de un tiempo de reflexión, recuperación emocional y maduración personal antes de reconocerse como tales y de tener las fuerzas suficientes para denunciar los hechos (Tamarit, Abad y Hernández-Hidalgo, 2015).

Se insta también a extender el cumplimiento del deber de denuncia a toda la sociedad en su conjunto, si bien debemos recordar que este deber ya existe desde la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y el problema real es que se asuma y se cumpla. En este sentido, sensibilizar a la población respecto a las graves consecuencias que el abuso sexual puede conllevar para sus víctimas y en la relevancia de la detección precoz mediante campañas como la publicada por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), ‘El cuento cambia si tú lo cuentas’, son probablemente acciones que deberían acompañar a esta recomendación si se busca que sea realmente efectiva.

La necesidad de la prueba constituida como prevención de la victimización secundaria en niños y niñas víctimas es otra de las importantes sugerencias a seguir, garantizando la realización de un juicio justo para el acusado, pero primando las necesidades del niño o niña como víctima vulnerable por encima de su rol como prueba de un delito. Esto sería más sencillo si, efectivamente, se crearan juzgados especializados como el creado en el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, pionero en España, facilitando una actuación integrada por parte de los diferentes equipos profesionales implicados en el proceso de notificación y denuncia del abuso sexual en la infancia.

Tampoco olvidan los autores la importancia de intervenir con los victimarios, con aquellos causantes de la victimización, solicitando programas basados en la evidencia y una intervención especializada con este colectivo. Entidades como PrevenSI o ÂngelBlau han surgido en los últimos años en España para satisfacer esta necesidad.

Recomendaciones en el ámbito educativo, deportivo, cultural, recreativo y ocio y tiempo libre:

En este contexto, las recomendaciones van dirigidas a la educación de los niños y niñas y la formación de los profesionales. Así, la educación afectivo sexual es una necesidad clave a cubrir desde edades tempranas (Manheim, Felicetti y Moloney, 2019), acompañada de la formación en derechos. Proteger a los niños, niñas y adolescentes requiere ofrecerles recursos que les permitan detectar situaciones de riesgo y estrategias para responder ante ellas. Y estos recursos deben incluirse en el currículo educativo ya que el acceso a los mismos debe ser universal.

A su vez, los profesionales en contacto con niños, niñas y adolescentes deben estar formados e informados sobre el problema, los principales indicadores y la forma de actuar ante una posible víctima. Aquí, la universidad debe asumir su papel y ofrecer una formación oficial, en aquellos grados de profesiones más vinculadas con la infancia, que permita a los futuros graduados disponer de los conocimientos suficientes para la detección de los casos y la intervención con las víctimas.

Recomendaciones en el ámbito de los servicios sociales, comunitarios, sociosanitarios y de la salud.

El papel de los sanitarios en la detección del abuso sexual es clave y debe subrayarse. Las recomendaciones aluden a la relevancia de estos profesionales y alertan de la necesidad de espacios seguros para la infancia en atención primaria y pediatría para la comunicación de la violencia intrafamiliar. En este contexto, herramientas como el cuestionario de victimización juvenil, adaptado al español y de acceso gratuito (Pereda, Gallardo-Pujol y Guilera, 2018), pueden ayudar a que los profesionales tomen un papel activo ante la violencia contra la infancia y pregunten al niño o niña, como parte de su anamnesis, de forma sistemática, cada cierto tiempo, si alguien le está haciendo daño.

Las ayudas a las víctimas son otra de las recomendaciones que debemos subrayar dado que estamos hablando de un problema que, en muchos casos, va a conllevar consecuencias graves en el desarrollo del niño o niña y que, por tanto, va a requerir de la intervención de múltiples profesionales a lo largo de su vida y de un gasto económico muy importante. En este sentido, debe repensarse el sistema de reparación a las víctimas de abusos en la infancia e instar a que el victimario, en primer lugar, y la administración en segundo, asuman, no sólo una indemnización por los hechos, sino los gastos que derivan de la recuperación emocional de la víctima.

Recomendaciones en el ámbito de la comunicación pública, difusión, divulgación y medios periodísticos:

Finalmente, no puede obviarse el importante papel que los medios de comunicación tienen en la visión social que pueda existir del problema y de sus víctimas. Así, la responsabilidad de los mismos es favorecer que se lleven a cabo campañas de sensibilización social, ofrecer datos contrastados, no generar alarmismo, pero sí alertar de la relevancia del problema, usar los términos adecuados, y obviar expresiones como ‘prostitución infantil’ en lugar de ‘explotación sexual infantil’, ‘relaciones sexuales con menores’ en lugar de ‘abusos sexuales infantiles’, o ‘pornografía infantil’; quizá el término erróneo más extendido que banaliza, normaliza y mercantiliza el abuso sexual infantil, como si se tratase de un objeto de consumo y cuya denominación correcta es ‘material de explotación sexual infantil’ (M.E.S.I.), entre otros.

Sólo así, asumiendo que la prevención del abuso sexual infantil es una responsabilidad compartida por agentes sociales y sociedad civil, que la protección de la infancia es una responsabilidad de los adultos, de todos y todas aquellas que configuramos nuestra sociedad, podremos avanzar ante un problema que, queramos o no, afecta a un número muy importante de niños y niñas que requieren de una acción que deberíamos haber llevado a cabo hace ya tiempo. Este documento es la guía que debemos seguir y que ayudará a los defensores de los derechos de la infancia a marcar el camino y las acciones a realizar. Tenemos las herramientas. Ahora sólo es cuestión de tener la intención de usarlas.


(*) Este texto corresponde al prólogo del libro “Este es el principio del final: Recomendaciones en materia de sensibilización, prevención y detección precoz del abuso sexual infantil en España” de Fran González publicado recientemente por la Editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina (CES-AL), 2022.

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