Javier Fernández Quesada, crimen impune

Por: Julián Ayala Armas
Escritor y periodista (Islas Canarias)

“…por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena”.
(Federico García Lorca,
“Romance de la Guardia Civil Española”.

El domingo, día 12 de diciembre, se cumplieron 44 años del asesinato por la Guardia Civil española del estudiante de segundo curso de Biológicas de la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife, Canarias), Javier Fernández Quesada. Un crimen cuyas verdaderas circunstancias siguen sin esclarecerse en la actualidad por muchas leyes de memoria histórica o democrática que se hayan promulgado o se encuentren en proyecto.

Hace algunos años, cuando fueron desclasificados varios documentos de los primeros tiempos de la transición de la dictadura franquista a la democracia de baja intensidad que desde entonces  prevalece en el país, llegaron a la ya desaparecida revista de historia Canarii, en la que entonces colaboraba, las actas de una Comisión de Investigación nombrada por el Congreso de los Diputados para esclarecer los hechos que ocasionaron la muerte del estudiante.

Basándome en esas actas y en otros documentos oficiales como el decreto de  sobreseimiento de la causa 200/1977 incoada y cerrada en falso por la jurisdicción militar, redacté la crónica que va a continuación. Para ello tuve en cuenta también las informaciones aparecidas en los medios de la época. Yo mismo trabajaba como redactor en uno de ellos, el periódico El Día, donde firmé numerosas crónicas y noticias al respecto. Puedo decir, pues, que fui testigo, presencial en gran parte, de aquéllos acontecimientos que  marcaron a toda una generación de estudiantes y activistas sindicales y políticos de la izquierda tinerfeña.

El asesinato de Javier Fernández Quesada, un crimen de estado

Julián Ayala Armas. CANARII, nº 11, abril de 2008

Las vicisitudes políticas de la transición estuvieron acompañadas en Canarias por un recrudecimiento de la crisis económica, arrastrada desde los últimos años del franquismo en todo el Estado, y que se empezó a superar, desde la perspectiva de adecuación del sistema económico a los nuevos tiempos, en los llamados Pactos de La Moncloa. En Canarias y particularmente en la isla de Tenerife, tuvo una connotación especialmente conflictiva. Importantes sectores económicos que integraban a gran número de trabajadores fueron sometidos a una forzada reestructuración que dio al traste con muchos puestos de trabajo. Entre los más relevantes de estos sectores estaban el transporte interinsular y el tabaco. Unos mil trabajadores de la empresa Transportes de Tenerife, S. L., popularmente conocida como La Exclusiva, se encontraban en huelga desde el 13 de octubre y alrededor de cuatro mil empleados de 15 empresas tabaqueras lo estaban desde el 14 de noviembre. A ellos se sumaba un grupo de obreros, reducido por su número pero importante por las tareas que realizaba en el sector portuario del frío industrial, encargado de la conservación de los alimentos de importación para el consumo local.

AL MARGEN DEL SISTEMA OFICIAL

Ninguno de los sindicatos firmantes de los Pactos de La Moncloa (UGT y CC.OO.) tenía presencia en los citados sectores, representados por organizaciones autónomas, como la FASOU, (Federación Autónoma de Sindicatos Obreros Unitarios) en transportes, la Asociación de Trabajadores del Tabaco y Derivados (ATTyD), y en el sector del frío la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT) de tendencia claramente independentista. Ante el evidente agotamiento de alguna de las huelgas (concretamente la del transporte, que era la más duradera), estos sindicatos, agrupados en lo que se denominó Asamblea de Sectores en Lucha, convocaron una huelga general de solidaridad el 12 de diciembre. Al llamamiento se sumaron el Sindicato Obrero Canario y la Liga Comunista Revolucionaria (trotskista).

Para las concepciones de la época, a dos años de la muerte del dictador, se vivía, en opinión de algunos, una situación casi pre-revolucionaria, lo cual no pasaba de ser una evidente exageración, interesada en el caso de autoridades, como el gobernador civil Luis Mardones (1), a la hora de “justificar” la inmotivada represión policial, e ilusa en el caso de algunos activistas sindicales. La huelga tuvo escaso eco entre la población laboral de la isla (de las grandes empresas sólo pararon los estibadores portuarios, adscritos a la FASOU, y la Oficina Central y varias sucursales de la Caja General de Ahorros de Canarias, donde era mayoritario el SOC), pero sí fue ampliamente acogida por el entonces muy activo movimiento universitario de La Laguna.

En este contexto de conflictos laborales, a los que habría que añadir enfrentamientos menores en hostelería y alimentación y un preaviso de huelga en la refinería de CEPSA, hay que encuadrar los hechos que culminaron en la trágica jornada del 12 de diciembre de 1977, con el asesinato en las escaleras de la Universidad del estudiante Javier Fernández Quesada. Una acción brutal y desproporcionada que nada tuvo que ver con el cariz de los acontecimientos, por más que el gobernador Mardones y las restantes autoridades intentaran magnificarlos ante la Comisión de Investigación del Congreso y ante la opinión pública, a la que también trataron de confundir con alusiones a la existencia de armas en la Universidad y a la posible presencia de francotiradores entre los activistas estudiantiles y sindicales. Especies que no fueron avaladas con prueba alguna, contra la evidencia, admitida por sus propios mandos, de que la Guardia Civil entró disparando en el recinto universitario.

LOS HECHOS

“Pasan si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas”.
(García Lorca, opus cit.)

Después de una asamblea, celebrada a primeras horas de la mañana, en el hall del viejo edificio universitario (2), piquetes de huelga, integrados por estudiantes y trabajadores cortaron con barricadas la autopista y la Carretera General del Norte, cercanas a la Universidad; algunos autobuses conducidos por esquiroles fueron apedreados y comercios, bancos y otras empresas del casco de La Laguna cerraron a instancias de los piquetes. Estas actividades fueron reprimidas por la Policía Armada, con sus medios convencionales sin que unos ni otros, manifestantes y policías, sufrieran lesiones de importancia.

Sobre las 12:30 del mediodía había pequeños grupos de gente en los alrededores de la Universidad, con cortes momentáneos del tráfico y cargas de la Policía Armada. No se registraron incidentes ni enfrentamientos graves. Según testificarán luego numerosos vecinos, sobre las dos de la tarde un grupo de estudiantes tenía cortada la calle Delgado Barreto (que da a un costado del edificio universitario) con una barricada y hostigaba con piedras y algún neumático incendiado a un destacamento de la Policía Armada que más abajo, en las cercanías de la Cruz de Piedra, custodiaba un camión cisterna lleno de combustible, que había derrapado en un jardín, quedando atrapado en el fango producido por las lluvias caídas la noche anterior. A instancias del rector, Antonio Bethencourt Massieu, que luego lo haría constar ante la comisión parlamentaria de investigación, el gobernador civil, una vez desalojado el camión accidentado, ordenó sobre las tres menos cuarto de la tarde la retirada de la Policía.

La marcha de ésta provocó a su vez la dispersión de los estudiantes, muchos de los cuales se fueron a sus casas y otros se dirigieron a la Universidad, donde se había convocado una asamblea para hacer balance de la mañana. No llegaban a cien las personas que quedaban en el recinto universitario y sus alrededores. Algunas de ellas –quince o veinte, según los testigos–, situadas en las azoteas de la Universidad, cerca de la Avenida de La Candelaria, hostigaban a un retén de guardias civiles que aseguraba el tráfico en la referida calle.

Fue entonces cuando varios números de la guardia civil, seis o siete, según los testigos, irrumpieron en el campus a bordo de dos vehículos. Rápidamente bajaron de los coches disparando sus armas contra los estudiantes provenientes de Delgado Barreto y contra los que estaban en los jardines y en las escaleras de acceso al centro. Dos o tres de ellos —los testimonios de los testigos difieren— subieron varios tramos de escalinatas sin dejar de disparar hacia la fachada, llegando uno al principio del último tramo. Los estudiantes corrieron acosados por las balas, unos hacia fuera del campus, por las calles adyacentes, y otros hacia la puerta principal del edificio. Entre estos últimos estaba Javier Fernández, a quien algún testigo vio correr por el camino de coches que hay a ambos lados de la escalera central. En esa escalera, dos o tres peldaños antes de llegar arriba, fue alcanzado por una bala. La propia inercia de la carrera le hizo subir trastabilleando los escalones que quedaban hasta caer en el descansillo delante de la puerta, desde allí fue arrastrado por sus compañeros al interior, donde algunos le practicaron la respiración boca y un masaje cardíaco. Javier murió instantes después. Los guardias continuaban disparando y siguieron haciéndolo, a pesar de que un estudiante y después un profesor que agitaba un pañuelo blanco, pidieron el cese del fuego, gritando que había un herido. Al fin pudieron bajar el cadáver que fue introducido en un vehículo de la Guardia Civil y conducido al Hospital Universitario de Canarias, donde los médicos no pudieron hacer otra cosa que certificar su fallecimiento.

Dicen que el guardia que lo mató era joven, bajo y delgado. Llevaba una gorra de visera, no el tradicional tricornio, y disparaba una pistola sujetando la mano derecha con la izquierda. En la confusión que siguió a la muerte de Javier y cuando lo bajaban por la escalera para trasladarlo al Hospital, alguno de los presentes oyó cómo sus compañeros se dirigían a él echándole en cara que se había “cargado” al estudiante y le llamaban “Polilla”, que es el sobrenombre que se da dentro del Cuerpo a los agentes recién salidos de la academia.

En el mismo hospital fue ingresado poco después otro estudiante, Fernando Jaesuría, de 18 años, a quien una bala había atravesado un hombro, cuando estaba en la azotea de su casa a unos cuatrocientos metros del lugar. Un niño de 13 años, que se encontraba en el patio de la escuela aneja a la Normal de Magisterio, también resultó herido leve.

INTERROGANTES Y RESPUESTAS

Debido al secretismo con que se llevaron las investigaciones oficiales, el asesinato de Fernández Quesada ha suscitado durante todo este tiempo una serie de interrogantes: ¿Qué instancia superior ordenó la intervención de los guardias civiles? ¿Por qué dispararon éstos, toda vez que la escasa presencia y la actitud estudiantil no representaban ningún riesgo grave para su integridad? ¿Cuál fue el papel del gobernador civil y de la Policía Armada a su mando directo en todo esto?

Algunas de estas preguntas tienen respuesta, a la vista de las actas de la Ponencia de la Comisión de Encuesta de los Sucesos de Tenerife, nombrada por el Congreso de los Diputados. En su declaración por escrito ante esta Comisión, el coronel jefe del 15º Tercio de la Guardia Civil, Manuel González López, afirma que habiendo acudido a la Avenida de La Candelaria con un destacamento de guardias para retirar dos barricadas que cortaban el tráfico, se vieron agredidos por una multitud de estudiantes, a los que ordenó dispersar con bolas de goma. Agotado este tipo de munición disuasoria y viendo “que unas quinientas personas” avanzaban hacia donde estaba la fuerza, ordenó que un guardia se dirigiera a ellas pidiéndoles que depusieran su actitud y, al no hacerlo así, mandó hacer diez disparos al aire, lo que hizo que los manifestantes se detuvieran momentáneamente, pero al ver la posición de las armas hacia arriba continuaron en su actitud agresiva, por lo que “el coronel que informa ordenó un desplazamiento hacia delante, para lograr con esta decidida actitud y continuando haciendo fuego al aire, hacer retroceder a los manifestantes, cosa que se logró”. “Cesados los disparos al aire –agrega más adelante– del interior de la Universidad salió una persona con un pañuelo blanco, diciendo que había un herido”. Según el coronel González López, durante su intervención los guardias efectuaron unos 120 disparos y antes del reseñado “desplazamiento hacia delante” otros 40.

LA VERDAD OFICIAL Y LA VERDAD REAL

Esta ha sido hasta ahora la versión oficial de los hechos, la que dio a la Comisión del Congreso el citado jefe del 15º Tercio de la Guardia Civil y la que corroboraron el teniente coronel jefe de la 151ª Comandancia del mismo Cuerpo, Antonio Encinas Cueto y el Gobernador Civil de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Luis Mardones Sevilla, siendo recogida casi literalmente en su informe por el general jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil y formando parte también de la resolución de sobreseimiento por el Tribunal Militar de la causa  número 200 de 1977, incoada con motivo del fallecimiento del estudiante y de las lesiones sufridas por su compañero.

Pero esta versión oficial se da de bruces con las manifestaciones de los más de treinta testigos presenciales que los días posteriores declararon a la prensa tinerfeña, y luego a la Comisión del Congreso y al Tribunal Militar, que las cosas ocurrieron tal como hemos reseñado más arriba y no como decían el gobernador y la Guardia Civil.

La versión exculpatoria de esta última se basa en varios datos fundamentales, que analizamos a continuación:

1º) Que la guardia civil advirtió a los más de 500 manifestantes, que disparó al aire y que, al ser atacada, tuvo que disparar de nuevo. Todos los testigos —más de treinta, vecinos y vecinas de los edificios que rodean la Universidad— dicen que había en torno a  50 personas en el campus y que era imposible que este número atacara activamente a la guardia civil, en todo caso se limitaban a tirar alguna piedra desde una larga distancia. Nadie es testigo de la advertencia que realiza la fuerza pública y mucho menos que los guardias fueran atacados después de que hicieran los primeros disparos. A la luz de las declaraciones de los testigos, la versión de la guardia civil falsea conscientemente los hechos para justificar su desproporcionado ataque a la Universidad.

2º) Que los tiros fueron al aire, “ya que de haberse efectuado los disparos de esta  forma [en sentido horizontal, como afirmaron los testigos], y dado el número de disparos efectuados, se hubiera producido una auténtica matanza por el número elevado de manifestantes que se enfrentaban con las indicadas fuerzas”. (Considerando 1º del decreto de sobreseimiento provisional de la causa militar incoada.)

Efectivamente, se hicieron alrededor de doscientos disparos y sólo uno tuvo una incidencia mortal. Ello lo único que demuestra es que no todos los guardias civiles que dispararon ese día lo hicieron con intención de asesinar a nadie (pese a que las declaraciones de los testigos y la altura de los impactos en la fachada y puerta principal de la Universidad y en alguna de las verjas adyacentes demostraran claramente que no estaban tirando a las nubes). Bastó con que uno sólo tuviera la voluntad de matar y la llevara a cabo. También es posible que la muerte del estudiante fuera involuntaria, lo cual no exime de responsabilidad a los guardias que dispararon a bulto y al mando que ordenó hacerlo.

3º) Que la autopsia, practicada a instancias del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna antes de inhibirse a favor de la jurisdicción militar especificaba, que el cuerpo de Javier Fernández presentaba “un orificio de entrada a nivel de la cuarta costilla en su borde de articulación external izquierda, atravesando el proyectil, que no ha podido ser hallado, el pericardio, aurícula superior izquierda, orificio aurículo ventricular, saliendo del corazón y atravesando el ventrículo izquierdo, siendo la causa mediata de la muerte la rotura cardiaca por proyectil”. A petición del Juzgado Militar, el forense amplió su informe, manifestando que en el momento de recibir el disparo el fallecido podía estar en dos posiciones, “una de pie y por tanto el proyectil tenía que proceder  de un plano superior, o bien sentado o en posición de cuclillas agachado, y en ese caso podía el proyectil proceder del mismo plano o inferior, puesto que el trayecto era de delante atrás y de arriba abajo, y con una diferencia entre ambos orificios de unos 10 centímetros aproximadamente”.

Admitiendo como única versión posible, la afirmación del coronel jefe del 15º Tercio de la Guardia Civil de que la fuerza que entró en el campus se mantuvo al pie de la escalera y en una posición de 7’75 metros por debajo de la puerta principal de la Universidad, el Tribunal Militar adujo que “los proyectiles disparados, de aceptarse la declaración de estos testigos [los que vieron a los guardias disparar en dirección a la gente] seguirían la trayectoria de abajo arriba y no lo contrario, deduciéndose del informe de autopsia del cadáver y de la ampliación del informe que el proyectil ‘tenía que proceder de un plano superior’, dada la trayectoria del mismo”. No quedó, pues, demostrado, según el Tribunal, “que el proyectil causante de la muerte del infortunado estudiante, Javier Fernández Quesada, fuera disparado por armas que portara la Guardia Civil”.

Esta conclusión ignora la segunda posibilidad apuntada por el forense, que en el momento de recibir el impacto Javier Fernández corriera agachado, tendencia natural de cualquiera a quien se dispara. Ignora, además, las declaraciones de varios testigos que afirman que varios guardias, entre ellos el “Polilla”, subieron la escalera disparando a los estudiantes que huían. Según testificó  el entonces rector de la Universidad, Antonio Bethencourt Massieu, ante la Comisión parlamentaria, “este chico cae herido en la escalera un poco alto, faltándole dos o tres escalones [para llegar a la puerta]. Discutí con el juez sobre cómo podía haber llegado arriba, si tenía un tiro que le atravesaba el corazón. Me dijo que era factible, que podía haber subido dos o tres escalones y luego caer”.

Aunque son muchos los testigos que afirman que varios guardias subieron por la escalera principal de la Universidad, uno de ellos, Enrique Álvarez Carrillo, precisa que “de los tres que subían por la escalera, el de la pistola disparaba apuntando con una mano apoyada en la otra, hacia la fachada principal de la Universidad.” El acta de la Comisión parlamentaria recoge textualmente: “Hasta donde los vio llegar fue hasta el principio de la escalera que da entrada a la Universidad, aclarando que fue al principio del tramo más cerca de la puerta de la Universidad”. Por este lugar pasa la vía empedrada de entrada y salida de vehículos por la que otro testigo afirma que vio correr a Javier Fernández Quesada en dirección a la puerta, momentos antes de ser alcanzado por la bala. Tuvo tiempo de subir varios escalones antes de que el “Polilla”, casi a su altura, le descerrajara el tiro mortal. Por otra parte, la autopsia ­–y eso no lo señala el tribunal,  tan meticuloso en el estudio de la trayectoria balística– mostró que el cuerpo del estudiante tenía restos de pólvora, señal de que el disparo había sido hecho a corta distancia.

TIERRA AL ASUNTO

Fue una instrucción judicial típicamente franquista, encaminada no a descubrir la verdad de los hechos sino a taparlos y tergiversarlos, en una clara demostración de que la justicia militar de la época era a la justicia lo que la carne vegetal, tan apreciada por los vegetarianos, es a la carne de verdad. Y es que a partir del asesinato de Javier Fernández toda la actividad de las  autoridades estuvo encaminada a echar tierra al asunto. Desde el coronel de la Guardia Civil, confeso responsable directo de la muerte, al gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, que asumió oficialmente su versión, pasando por el juez instructor militar, coronel de Infantería Juan Peláez Núñez, el capitán general, Mateo Prada Canillas, y el mismo ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. Todos hicieron lo posible para obstaculizar y anular la investigación.

La Comisión parlamentaria realizó un informe de 59 folios en el que se basaron  las conclusiones, aprobadas el 29 de junio de 1978 por la Comisión de Interior del Congreso, que se celebró –no podía ser menos– a puerta cerrada. Los socialistas pidieron que se incluyera el siguiente párrafo: “Ha quedado probado que la Guardia Civil abrió fuego real con sus armas reglamentarias en el recinto universitario, bajo las órdenes de su responsable y sin que mediara agresión previa que justificara su empleo, según declaración de los testigos presenciales. No ha quedado probado, en cambio, que alguien más tuviera o hiciera uso de armas de fuego”. La iniciativa fue rechazada. UCD defendió pura y simplemente la postura exculpatoria de la Guardia Civil y Alianza Popular consideró que la bala que mató al estudiante “fue disparada desde las escaleras del Colegio Universitario o incluso desde su interior, es decir, desde un lugar donde no había agentes del orden”. El crimen y la ignominia elevados a razón de Estado.

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(1) Posteriormente, transmutado en “demócratadetodalavida”, diputado del partido nacionalista Coalición Canaria en varias y sucesivas legislaturas.

(2) Desde entonces se han creado varios campus más.

CODA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Hoy, 44 años después del asesinato, seguimos pensando lo mismo. El crimen sigue impune. Se echó tierra al asesinato de Javier, se hizo burla del sentido más elemental de la justicia, por una razón de Estado. Los Pactos de La Moncloa habían establecido lo que luego se ha llamado una “hoja de ruta” (perdonen el tópico) por la que debía circular la transición a la democracia. Todo lo que se saliera de ella debía ser evitado, y si se producía, combatido con todas las armas del poder, entre ellas las de la ocultación y la mentira. Eso fue lo que se hizo con la muerte de Javier Fernández Quesada y con gran parte de los asesinatos a manos de la fuerza pública ocurridos en aquellos tiempos en diversos lugares del Estado.

Contra la visión cuasi-idílica y apta para la exportación de la transición española, se alzan estos crímenes que nunca debieron haberse producido y que en su mayoría permanecen impunes, viciando de origen no sólo el proceso de la transición sino el propio sistema democrático ligh en el que ahora nos movemos.

Según declaraciones de sus hermanos, la lluviosa mañana del lunes 12 de diciembre de 1977, el estudiante de 22 años, Javier Fernández Quesada, se levantó tarde. Asistía como libre oyente al segundo curso de Biológicas y estaba más preocupado por el examen de Bioestadística que iba a realizar el martes que por la marcha concreta de las clases de aquel lunes, que se presentaba problemático en tal sentido. Así, que no se apresuró a ir a la Universidad. Sus hermanos, con los que convivía en el piso, habían marchado ya, y él desayunó y salió a dar una vuelta por La Laguna, donde pudo captar la tensión del ambiente, con los piquetes de estudiantes y obreros recorriendo las calles del casco y la inusual presencia policial en puntos estratégicos, como la Avenida de La Trinidad, la Glorieta del Padre Anchieta o el cruce de la Cruz de Piedra.

Sin prisas, llegó a la Universidad sobre las once y media o las doce, y fue al despacho de un profesor a quien quería realizar una consulta sobre el examen del día siguiente. El profesor se encontraba ocupado y como el asunto no era para resolverlo en unos minutos concertó una cita con él para las cuatro de la tarde.

La Universidad estaba casi vacía. Apenas se había impartido clases esa mañana y después de una asamblea en el hall, la mayor parte de los asistentes o bien marcharon a sus casas o bien fueron a engrosar los grupos que, en unión de obreros de los sectores en huelga, pretendían extender el paro por la ciudad, obstaculizando el tráfico y obligando a cerrar los comercios.

Su hermano Carlos se encontró con él en una de las zonas ajardinadas del campus. Fue la última vez que lo vio con vida. La segunda vez que lo vio ese día, ya anochecido, fue en el depósito del cementerio, para reconocer su cadáver.

Sobre las dos y media de la tarde, la Policía Armada se retiró de las inmediaciones del campus. Los últimos estudiantes que cortaban el tráfico se fueron también, unos a la Universidad, donde quedaban los más inasequibles, y otros a sus casas. Javier se quedó en la Universidad. Dada la hora, seguramente se disponía a tomar algún tentempié en el bar para asistir luego a la cita con su profesor. Fue entonces cuando la guardia civil irrumpió en el campus disparando…

Por boca de Sócrates, nos dice Platón, en el Gorgias, que el malvado que causa un mal injusto es desgraciado. Lo es más si no paga la pena debida y repara así su culpa, y lo es menos si paga la pena y alcanza el castigo que se merece. “Cometer injusticia es peor que sufrirla”, concluía el filósofo hace más de dos mil quinientos años. Pero los guardias civiles no suelen leer a Platón, por lo que imaginamos que sus textos no los conmoverán poco ni mucho. Al menos al coronel que ordenó disparar a mansalva contra ciudadanos inermes. Esta falta de curiosidad por los clásicos no es su mayor defecto.

El mayor, en este caso, fue la falta de humanidad y la cobardía demostrada por unos jefes, unas autoridades y unas instituciones que se empezaban a llamar democráticas y que protagonizaron unos hechos típicamente franquistas. Sobre estos hechos y otros similares se ha levantado nuestra presente democracia. Así nos va.

“Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.

Con el alma de charol
Vienen por la carretera.”

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