La política del cierre de escuelas rurales beneficio o perjuicio (una mirada retrospectiva)

Por: Dr. Enrique Espinoza Freire, PhD
Universidad Técnica de Machala (Ecuador)

Las comunidades rurales del Ecuador vivieron las políticas educativas impulsadas por el gobierno de la revolución ciudadana y con ellas el cierre de escuelas y la implementación de las llamadas Escuelas del Milenio.

Estos nuevos centros educativos contaban con una confortable infraestructura caracterizada por espaciosos salones de clase, laboratorios, centros de cómputo, aulas de inglés y biblioteca, entre otras comodidades; desafortunadamente su construcción alcanzó pocos lugares apartados de la geografía ecuatoriana, como las zonas más profundas de la Amazonía; sin embargo, de esta forma, se pretendía menguar la brecha urbano-rural de la actividad educativa.

A pesar de estas ventajas esta política provocó una crisis social, los alumnos, padres y docentes se manifestaron en contra del cierre de las escuelas y se produjeron protestas masivas. Asimismo, muchas organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se pronunciaron avizorando consecuencias negativas a los derechos de las comunidades y pueblos originarios que pueblan la geografía ecuatoriana.

Independientemente de la postura adoptada a favor o en contra de esta política es evidente que existieron incongruencias en la toma de decisiones y no se tuvieron en consideración aspectos relevantes como son las características, necesidades e intereses de la población rural, así como la ideología y los principios sociales y culturales imperantes en las comunidades.

Es necesario recordar que en los países democráticos como Ecuador las políticas educativas deben respetar y expresar los intereses de todos los sectores sociales, involucrándolos activamente en la toma de decisiones, de este modo los actores sociales junto al Estado y el Ministerio de Educación decidirán sobre las alternativas más apropiadas para alcanzar el desarrollo social deseado.

Por otro lado, toda acción o decisión de cualquier institución o autoridad pública o privada debe subordinarse al principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, los que deben ser consultados previamente.

Además, existen mecanismos para garantizar la participación democrática de la población rural, como la inclusión de un delegado o delegada de los gobiernos parroquiales rurales en el Consejo Nacional de Educación (CNE), donde se elabora y aprueba el Plan Nacional de Educación.

Estos aspectos de alguna manera fueron obviados, el cierre de las escuelas se ejecutó de manera vertical, sin consulta previa; evidentemente no existió una adecuada planificación que ocasionó problemas sociales y económicos.

Si bien las escuelas del milenio fueron creadas para brindar posibilidades para el acceso a una educación de calidad para todos, los objetivos esperados no fueron cumplidos. El cierre de las escuelas rurales, trajo por consecuencias en muchos casos el abandono de los estudios, el éxodo de las familias en búsqueda de la cercanía a los centros educativos, el temor por la seguridad de la prole, los efectos negativos a la economía familiar al tener que disponer de recursos monetarios para garantizar la trasportación de los hijos y  pérdida de la labor social y educativa directa del docente en el entorno comunitario.

Hoy cuando se habla de la reapertura de las escuelas rurales es importante tener presente los criterios de los estudiantes, padres, docentes y población en general para no cometer nuevos errores.

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