Aborto, tabú y criminalización

Por: Carola Beatriz Henríquez Espinosa
Comunicadora, Chile

La historia de 148 mujeres y niñas que han sufrido criminalización por aborto en Ecuador es relatada en el informe “¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador”, presentado por la organización internacional Human Rights Watch -HRW- hace algunos días.

El aborto ha sido y será un tema controversial en nuestra sociedad, las creencias, valores y moralidad aprendidas han determinado la forma en que ha sido abordado, extendiéndose al trato desde el Estado, desde el cual está legalmente permitido en aquellos casos en los cuales está en riesgo la vida o salud de la mujer embarazada o cuando el embarazo es resultado de una violación, de acuerdo a la reciente sentencia de la Corte Constitucional dictada el 28 de abril pasado.

Un hecho histórico considerando los avances que se han tenido en la región respecto al aborto y al reconocimiento derechos, aún más, en un país en el cual cada día 7 niñas menores de 14 años deben convertirse en madres y la violencia sexual afecta a mujeres y niñas diariamente en todos los espacios.

La sentencia de la Corte establece que toda persona embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a la atención del aborto no punible y no debería ser criminalizada, siendo, sin duda un avance no sólo en derechos, sino en dignidad hacia las mujeres.

Pese a esto, el informe presentado por HRW presenta una realidad que deja un gran vacío en el aspecto legal y, aún más, expone una brecha social que sistemáticamente es invisibilizada cuando se trata el tema del acceso a un aborto seguro. Según la organización la penalización del aborto afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes y a las jóvenes, HRW, señala que las mujeres y niñas que viven en la pobreza tienen muchas más posibilidades de verse afectadas. “Las mujeres de bajos ingresos mostraban más probabilidades de ser procesadas, incluso en casos de aborto espontáneo o cuando necesitaron atención post-aborto.”

De los casos abordados el 61% tenían ente 18 y 24 años, el 12% eran niñas menores de 18 años y la mayoría procedían de zonas rurales del país y vivían en situación de vulnerabilidad y pobreza, en muchos casos en esta realidad, las personas se ven obligadas a elegir entre penas privativas de libertad, enfermedades y la muerte al tener que acceder a métodos ilegales e inseguros, o, a una maternidad forzada y no deseada, en todos los casos con consecuencias a largo plazo para su salud.

Entre otros datos que presenta este informe, señala que el 73% de los casos de criminalización de aborto, se iniciaron después de que un profesional de la salud violara el secreto profesional y denunciara a la paciente a la policía, y en un 58% de los casos los defensores públicos aconsejaron a mujeres y niñas, que se declararan culpables para evitar un juicio, y a cogerse a un proceso abreviado. Las acusadas que se sometieron a procedimientos abreviados tuvieron más probabilidades de cumplir penas de prisión. Es así, que el rol que cumplen funcionarios públicos sigue siendo determinante en los procesos de criminalización del aborto, muchas veces rompiendo la confidencialidad y siendo determinados por valores morales personales.

Los testimonios que se presentan en el informe “¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador” plantean una diversidad de casos y situaciones, desde embarazos deseados que por desinformación terminaron en abortos espontáneos y en procesos de criminalización, como abortos realizados tras violaciones o de abortos no consentidos obligados a realizarlos por el “hombre a cargo del embarazo”, casos de mujeres y niñas, la mayoría casos de personas en condiciones de vulnerabilidad desde una perspectiva no sólo económica, sino multidimensional.

El aborto y su criminalización ha contribuido a su estigmatización, y dentro de esto, continúa siendo parte de una violación a los derechos humanos de mujeres y niñas que son reconocidos por el derecho internacional como son el derecho a la integridad física y a la salud; el derecho a no sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; la igualdad y la no discriminación; la privacidad; y el derecho a no sufrir violencia.

La Organización Mundial de la Salud señala que las mujeres de África Oriental y Occidental y de América del Sur tienen más probabilidades de experimentar un aborto inseguro, además, estima que éstos son la causa del 13% de todas las muertes maternas a nivel mundial, pero, a nivel de América Latina representa el 17%. En el 2017, el Ministerio de Salud de Ecuador, indicó que el 15,6% de las muertes maternas fueron a causa de abortos inseguros.

El aborto debe ser tratado como un tema de salud pública, de salud reproductiva y sexual. Mientras continuemos cerrando los ojos a la realidad que bien miles de mujeres y normalizando que niñas sean obligadas a ser madres, las condiciones de desigualdad se seguirán profundizando. La criminalización del aborto trae consecuencias a nivel del Estado y las políticas que debe tomar para evitar mortalidad, complicaciones de salud y violación a los derechos humanos, se debe avanzar en un debate abierto y políticas públicas reales, y al menos, por el momento, en el cumplimiento de la legislación vigente.

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