Resistencia en Colombia: la lucha por alcanzar la justicia social
Por: Carola Beatriz Henríquez Espinosa
Comunicadora (Chile)
El estallido social que vive Colombia -extendido ya por dos semanas- nos vuelve a recordar que las inequidades, la violencia sistémica y estructural que viven los países de la región han llegado a un punto de ebullición, que ni la pandemia vivida este último año ha podido acallar, por el contrario, la profundización de la precarización de las condiciones de vida ha llevado a jornadas de protestas que, en el vecino país, han sido dura y brutalmente reprimidas por parte del gobierno de Iván Duque.
El envío al Congreso de una reforma tributaria que establecía el aumento de impuestos y la extensión del cobro del 19% de IVA a productos y servicios básicos, que hasta el momento se encontraban exentos y que afectaría a los estratos económicos medios y bajos de la población, generó la movilización de miles de colombianos que se convocaron en un paro nacional para rechazar la mal llamada Ley de Solidaridad Sostenible.
El gobierno de Duque justificó dicho proyecto de ley con la finalidad de sostener los programas sociales, la indignación por parte de los manifestantes no tardó en agudizarse, pues hablar de programas sociales en un país donde las medidas neoliberales han logrado arraigarse afectando principalmente a sector agrícola productivo, acompañado, además, de un conflicto social armado que a pesar de existir un Acuerdo de Paz el Estado ha incumplido y los asesinatos de líderes sociales y excombatientes desmovilizados han continuado, alcanzando la cifra de alrededor de 500 asesinatos, tras el acuerdo firmado en 2016.
A esto se suma las problemáticas sociales y económicas que vive el pueblo colombiano. De acuerdo al Departamento Nacional de Estadísticas – DANE- la pobreza monetaria alcanza al 42,5% de la población, es decir más de 21 millones de personas vive en la pobreza y alrededor de 7 millones 600 mil en pobreza extrema. A esto se suma la desigualdad de ingresos (Gini 0,54) en la que viven millones de colombianos tras décadas de concentración de la riqueza y una cultura del privilegio que ha profundizado la violencia estructural y naturalizado las condiciones asimétricas en cuanto a la calidad de vida, profundizando también la inequidad social, la marginación y discriminación en el país, con todas las consecuencias que esto trae.
La corrupción y el narcotráfico, por otra parte, que han sumido al país en un profundo conflicto y desconfianza en la institucionalidad, por el respaldo y protección de grupos paramilitares por parte de poderosas redes políticas y el rol que ha cumplido el ex presidente Álvaro Uribe.
Las brechas sociales que afectan al pueblo colombiano ya habían producido diversas protestas en 2019 y 2020, dejando varios heridos y muertos, si bien la emergencia sanitaria de alguna manera frenó la continuidad de estas movilizaciones, el cansancio frente a los abusos, los privilegios y la violencia policial e institucional llevó nuevamente a las y los colombianos a las calles en pleno de uso de su legítimo derecho a la protesta.
La brutal represión ejercida por el Estado colombiano no se hizo esperar, así como la actuación de grupos paramilitares. De acuerdo a la ONG Temblores, desde el 28 de abril al 10 de mayo, se han producido 1956 casos de violencia policial, entre ellos, 40 casos de homicidios donde se presume el accionar de la policía, además, de 1003 detenciones arbitrarias, 28 víctimas de agresiones oculares y 12 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Además, existen denuncias por alrededor de 280 personas desaparecidas en el marco del paro nacional en diversas regiones del país.
Las etiquetas “Nos están matando” y “SOSColombiaDDHH” que se viralizaron en las diferentes redes sociales permitieron visibilizar en un principio los ataques que se producían en las calles y barrios colombianos por parte de la fuerza pública -respaldado por el llamado de Uribe al uso de armas por parte de militares y policías- la presencia de las fuerzas armadas allanando casas o disparando nos dejaron imágenes de un verdadero campo de guerra, pero en este caso las armas estaban -y están- de un solo lado.
Fue a través de las redes sociales que la visibilización y difusión de lo que ocurre en Colombia fue posible, es lamentable el silencio que guardaron los grandes medios de comunicación o la información a su conveniencia que dieron a conocer en su momento. Es lamentable, porque el rol de los medios de comunicación no puede ser el de responder a los intereses de unos pocos para conservar sus privilegios, no puede ser el de generar realidades que finalmente, como decía Malcom X harán odiar al oprimido y amar al opresor.
En los últimos días la información sobre la situación de Colombia ha “disminuido”, sin embargo, esto no se debe a que haya un cese de la movilización, al contrario, las protestas se han mantenido, se han sumado indígenas y camioneros que han bloqueado las vías, los campesinos reparten alimentos en las calles y se han establecido corredores humanitarios conformados por quienes son parte de las protestas en primera línea que permiten el abastecimiento de alimentos, medicamentos, gasolina, etc., así las diversas manifestaciones culturales y sociales de la ciudadanía siguen presentes, pero la restricción al acceso a redes sociales y al envío de información que denuncian los propios manifestantes y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-, impide que el mundo esté al tanto de la resistencia del pueblo colombiano.
La protesta social en Colombia ya no es sólo en contra de la reforma tributaria -retirada ya por Duque para nuevas modificaciones no muy esperanzadoras- sino por la exigencia de un cambio radical y básico en cuanto a derechos, un cambio de sistema y de estado, que permita encaminarse no sólo hacia una vida digna, sino también a encontrar la tan anhelada justicia social.