El rugir animalista en Cuenca

Por: Pedro C. Martìnez Suárez y Victoria Idrovo Idrovo
Cuenca, Ecuador

Es ya conocido el aforismo de Leonardo da Vinci “Un tiempo vendrá en que los hombres miren a los asesinos de los animales como hoy miran a los asesinos de los hombres”. Más que nunca somos muchos los ciudadanos cuencanos garantistas de los derechos del ambiente y en especial de los animales, que aspiramos a esto. La constitución de Montecristi en su título segundo, capítulo séptimo consagra los derechos de la naturaleza, da un alcance al llamado del Estado respecto a todos los elementos que conforman el ecosistema. Tristemente, en la mayoría de los casos al referirnos al ambiente pensamos en plantas o en nubes. Esta es una visión ingenua del mismo. Con respecto a los animales, al ser parte fundamental del ambiente, tenemos la obligación moral y legal de garantizar su protección. Un sistema garantista de derechos es reflejo de la existencia de una sociedad avanzada. De cada 10 animales abandonados en el entorno urbano de nuestra ciudad, 9 son maltratados. Un 5% son recuperados por los rescatistas y con suerte encuentran un nuevo hogar. El 75% de los nacidos quedan sin hogar. En el COIP (de 2014, última reforma de 2021) en su art.249 se recoge: “La persona que lesione a un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana causándole un daño permanente, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses. Si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.” Asimismo, se añade:

“Se aplicará el máximo de la pena prevista para este tipo penal si concurre al menos una de las siguientes circunstancias: 1. Haber causado al animal la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. 2. Los hechos se hayan ejecutado en presencia de un niño, niña o adolescente. 3. Actuando con ensañamiento contra el animal. 4. Suministrando alimentos componentes dañinos o sustancias tóxicas. 5. Si el animal es cachorro, geronte o hembra gestante. 6. Cuando la infracción sea cometida por el dueño o tenedor del animal o por quien esté a su cuidado temporal o permanente. En este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal retirará el animal de la posesión o propiedad del infractor.”

Igualmente, el COIP establece también una pena de 1 a 3 años de cárcel por zoofilia y el código del ambiente de 2017 otorga competencias a los municipios en esta materia. Y en el artículo 249 mencionado anteriormente se mencionan excepciones relativas a enfermedad del animal, accidentes o razones de fuerza mayor (implícitamente eutanasia) pero que deben estar recomendadas por un especialista (veterinario) y por tanto, para terminar con la vida del animal se debe consultar con el médico previamente quien establecerá el nivel de sufrimiento del animal y la posibilidad de finalizar artificialmente con su vida. En el artículo 147 del COA se establecen las bases a tener en cuenta en la experimentación y manipulación de animales.

Tanto Robert Hare, como Hervey M. Cleckley, los mayores expertos del mundo en psicopatía advierten que uno de los rasgos característicos de esta alteración conductual es el maltrato animal. Así el manual PCL-R para detectar psicopatía dice claramente: los expedientes sobre psicópatas suelen incluir “un trato sádico y cruel hacia los demás (…) esta conducta puede haber empezado desde una edad temprana con actividades como malos tratos a los animales” (Hare, 2003, p.68).

Con todo lo expuesto anteriormente, parecen darse las premisas para considerar un deber moral de toda la sociedad el tener un sistema responsable con el ambiente y cívico en sus prácticas, sin embargo, estamos lejos de lograr esa realidad a juzgar por el malestar entre las organizaciones protectoras de los animales y que es más que notorio en la ciudad. La lentitud de los trámites de denuncia (a veces con más de seis meses de duración), la inoperancia de los funcionarios de las dependencias que manejan los trámites, la dificultad de producir pruebas para viabilizar la denuncia por vía judicial, la vista gorda de las autoridades sobre el tema y por último la falta de apoyo de la academia (en aspectos veterinarios, legales, capacitación) así como el nulo soporte de la fuerza pública para realizar un rescate, colocan el activismo a nivel de heroicidad según pone de manifiesto el abogado Marcelo Cordero, conocido promotor de los derechos de los animales en la ciudad. Urge encontrar soluciones a los problemas enunciados por el activista. Garantizar los derechos de los animales y hacernos responsables de sus cuidados no es una cuestión de “mascotismo” sino de respetar los preceptos constitucionales que a todos nos unen.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *