Consulta popular por el agua de Cuenca: La consulta de lo inconsultado

Por: David Fajardo

El 18 de septiembre de 2020, por medio del Dictamen 6-20-CP/20, la Corte Constitucional del Ecuador calificó la Constitucionalidad del proyecto de Consulta Popular, presentado ante la Corte por el Consejo Cantonal de Cuenca, cuerpo colegiado que lo aprobó de manera unánime; pero, construido de manera conjunta con las organizaciones sociales que se articulan dentro del Cabildo por el Agua de Cuenca.

Esta consulta tiene como objetivo la PROHIBICIÓN de la EXPLOTACIÓN minera en zonas de recarga hídrica -humedales alto andinos mejor conocidos como Páramos-, de los cuales dependemos las poblaciones que habitamos en el cantón Cuenca. Para tal efecto, se han seleccionado 5 zonas de recarga hídrica, una por cada pregunta, dentro del texto de la Consulta. Estas zonas pertenecientes a los ríos: Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.

Para entender la trascendencia de este hito histórico, es necesario definir un poco el sistema de Consultas que tenemos en el Ecuador, empezando por las Consultas Populares.

Las Consultas Populares son mecanismos o procesos de democracia directa por medio de los cuales la ciudadanía, de manera general, puede incidir sobre las decisiones que se toman desde el Estado; en este caso, al ser el objetivo decisiones de carácter político-administrativas y no a decisiones político-normativas, estamos refiriéndonos a una Consulta Popular Plebiscitaria. Por otro lado, además de ser un mecanismo que permite la materialización de nuestros derechos de participación, una consulta popular es un mecanismo que permite la garantía de los derechos constitucionales y su desarrollo progresivo, es decir, nunca podría disminuir los parámetros bajo los que se garantizan derechos ni el catálogo de éstos en nuestra constitución.

Además, nuestra Carta Magna establece la existencia de tres tipos de Consultas más; estamos refiriéndonos a: la Consulta Pre legislativa, la Consulta Previa, Libre e Informada y la Consulta Ambiental.

En el contexto minero, estos tres tipos de consultas mencionadas tienen gran relevancia, pues, al igual que la Consulta Popular, su finalidad no es otra que garantizar Derechos, especialmente aquellos que se encuentran amenazados por el desarrollo de estas actividades extractivas. Y, esto nos lleva al punto central de este texto.

Y, es que, sin miedo a generalizar, el avance de la minería como una política pública prioritaria del Gobierno Central del Ecuador ha significado la omisión de todas estas Consultas:

  1. La promulgación de la Ley de Minería (2009) omitió la realización de la Consulta Prelegislativa, misma que tiene que realizarse a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades cuando un cuerpo normativo busque regular sus derechos colectivos, sin excepción (Art. 57.17, CRE).  Para esta ley se determinó su “constitucionalidad condicionada” cuando su aplicación signifique menoscabo en los derechos de los pueblos originarios y otros grupos humanos similares (Pueblo Afro y Montuvio), por medio de la sentencia No. 001-10-SIN-CC de 18 de marzo de 2010 de la Corte Constitucional.
  2. Ninguno de los proyectos mineros en ejecución, en cualquiera de las fases de su proceso de desarrollo, dentro del cantón Cuenca y, por supuesto en el país, han cumplido con la Consulta Previa, libre e informada en los términos en los que, la Constitución (Art. 57.7) e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos (Convenio 169, OIT), han establecido para este fin. Un claro ejemplo de esta situación es la sentencia emitida en el Juicio Acción de Protección No. 01333-2018-0314, en el que se declaró la vulneración del Derecho a la Consulta Previa de las comunidades de la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, durante el desarrollo del proyecto minero de capital chino “Río Blanco”, suspendido de manera indefinida dicho proyecto.
  3. De igual manera, en ninguno de estos proyectos se ha cumplido con la “Consulta Ambiental” (Art. 398, CRE), la misma que se tiene que realizar, de manera obligatoria, a toda población, sin diferenciar, cuando una actividad, plan, proyecto o programa, genere impacto sobre los ecosistemas o elementos de la Naturaleza y, por lo tanto, ponga en peligro los derechos humanos ambientales fundamentales, como: derecho al medio ambiente sano, derecho de acceso al agua.

Como parte de los Actos Administrativos Previos (Art. 26 de la Ley de Minería) que un proyecto debe cumplir para su desarrollo, se establece la obtención de la Licencia Ambiental; para obtener esta, es necesario presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según el Art. 179 del Código Orgánico del Ambiente, Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo ambiental.

No obstante, es necesario remarcar un par de diferencias esenciales entre los tres tipos de Consulta mencionados, y descritos, con la Consulta Popular: a) La Consulta Ambiental, la Previa y la Pre legislativa, son consultas que tienen que desarrollarse de manera PREVIA a la ejecución de la política pública o actividad privada que pueda amenazar sus derechos. b) La finalidad de estas tres consultas es obtener el CONSENTIMIENTO previo, que constituye una especie de licencia social vinculante, para el desarrollo de estas actividades.

Entonces, ante las omisiones existentes para el obligatorio cumplimiento de las Consultas anteriormente mencionadas, es que en Cuenca hemos planteado la Consulta Popular, buscando subsanar esos desastrosos errores; porque, en ningún momento, las poblaciones que habitamos este cantón, hemos emitido nuestro consentimiento para el desarrollo de la minería metálica en los páramos de los que dependemos. Esta actividad ha sido una imposición centralista que, vulnerando nuestros derechos y los de la Naturaleza, quiere convertir al sur del Ecuador en un distrito minero.

Por eso, este 7 de febrero en Cuenca, votaremos 5 veces ¡SÍ!

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